El nuevo Código Penal de la República Dominicana, en espera de su promulgación, incluye castigos más estrictos para quienes causen muertes o lesiones mientras participan en carreras ilegales o realizan maniobras peligrosas en vías públicas no autorizadas.
Según el artículo 113 del texto legal, si una o más personas mueren durante competencias no autorizadas, los responsables enfrentarán entre 10 y 20 años de prisión mayor, además de una multa que oscila entre 20 y 30 salarios mínimos del sector público. Esta normativa también contempla sanciones cuando las víctimas resultan con lesiones graves, como mutilaciones o incapacidades permanentes, imponiendo penas de 5 a 10 años de prisión y multas de hasta 20 salarios mínimos.
En situaciones donde las consecuencias sean golpes o heridas menores, la sanción será de 2 a 3 años de prisión menor y multas económicas que van de 9 a 15 salarios mínimos.
El diputado Carlos de Pérez, miembro de la comisión que evaluó la reforma, subrayó la necesidad de un uso responsable de motocicletas y otros vehículos. También advirtió sobre la penalización por obstruir el paso a ambulancias en situaciones de emergencia, acción que quedará tipificada como delito en el nuevo marco penal.
Este ajuste legislativo surge como respuesta al incremento de las llamadas “carreras clandestinas” y “calibrando”, prácticas que se han vuelto frecuentes en zonas urbanas y autopistas. Grupos organizados, muchos de ellos jóvenes, invaden vías públicas para realizar competencias improvisadas, generando peligros no solo para los participantes, sino también para peatones y otros conductores. En los últimos años, estas actividades han dejado decenas de víctimas, muchas de ellas con consecuencias fatales.
La reforma busca desalentar estas conductas y forma parte de un paquete de medidas orientadas a modernizar el sistema judicial, tal como han venido solicitando diversas organizaciones sociales, instituciones de seguridad vial y familiares de víctimas.
Además del castigo, expertos en derecho penal y seguridad vial han señalado que este tipo de cambios deben complementarse con campañas educativas, controles más efectivos y mejoras en la planificación del transporte público para reducir el uso indebido de motocicletas como medio de riesgo y exhibición.
