Este caso, que ha monopolizado el debate político en las últimas semanas en el país, ha llevado a la oposición de derecha a pedir la dimisión de Sánchez.
La Fiscalía pidió este martes cancelar la citación al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para declarar como testigo en la investigación judicial contra su esposa por presunta corrupción y tráfico de influencias, al cuestionar su «utilidad» y «pertinencia».
«El Fiscal solicita» que «se proceda a dejar sin efecto la diligencia testifical acordada de Pedro Sánchez para el próximo día 30 de julio de 2024», indicó un documento del Ministerio Fiscal al que tuvo acceso AFP.
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del caso contra Begoña Gómez, había anunciado que se desplazaría el martes próximo al palacio de la Moncloa, la sede del Gobierno, para tomar declaración «como testigo» al mandatario socialista en relación con la causa contra su mujer.
La Fiscalía, que mostró su «disconformidad y rechazo» con la decisión del juez, considera que «no es útil» pedir que declare Sánchez, ya que este no está obligado a hacerlo, en concordancia con la ley española, que permite que una persona no testifique contra su cónyuge.
Además, no sería «estrictamente pertinente», ya que es un «hecho notorio la relación que existe entre la investigada y su marido, así como el cargo que este ocupa», señaló.
En su escrito, el Ministerio Fiscal critica la «premura» de la citación a Sánchez, que impedirá que se resuelvan antes recursos como el que presentó este martes, y sin ponderar «la proporcionalidad» de su decisión «atendiendo al previsible impacto y repercusión» en la vida del país.
La Fiscalía, que ha pedido anteriormente archivar la causa, censuró que el juez siga adelante con una averiguación de «una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición».
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también está investigado.
El juez Peinado ha seguido adelante con la causa, abierta tras la denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y la opinión en contra de la Fiscalía.
Este caso, que ha monopolizado el debate político en las últimas semanas en el país, ha llevado a la oposición de derecha a pedir la dimisión de Sánchez, mientras el Ejecutivo lo ha enmarcado en «una persecución absolutamente despiadada» contra Sánchez y su familia.
