Este martes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la puesta en libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió «amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez» y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia en la que le impuso doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su «privación de libertad inmediata».
Uribe, fundador y líder del partido de derechas Centro Democrático, se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, después de que la jueza lo declarara culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado «juicio del siglo» en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.
Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza había vulnerado sus derechos fundamentales.
El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar «la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos», argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una «motivación aparente».
La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.
El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que «presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado», aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.
La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.
Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe, de hoy 73 años, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.
