La magistrada Stephany Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago, ha diferido la audiencia para imponer la medida de coerción a los seis imputados en el marco de la Operación Discovery 3.0.
La audiencia ha sido reagendada para el próximo lunes 25 de agosto a las 10:30 a. m. con el propósito de otorgar al Ministerio Público el tiempo necesario para examinar y analizar los presupuestos depositados por los abogados de los imputados.
En el expediente constan los nombres de Jesús Castaños, Adderly Polanco, Bernardo Taveras, Juan Naranjo, José López y Luis Méndez. A la presente lista se incorpora Gipsy Castaños, quien fue detenida el pasado martes y se le imputa la comisión de un delito de testaferrato en el marco de la organización delictiva. Ha sido identificada como la administradora de la entidad financiera Invermeg, propiedad de su hermano, el señor Óscar Castaños, quien ha sido extraditado.
Asimismo, Joel Cruz, Joel Mathilda y Edward Puello aceptaron su extradición a los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia se encargará de examinar el caso de extradición de Gerardo Núñez. El pasado viernes, se le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
“Hay muchas personas que están prófugas que son buscadas bajo órdenes de arresto. Tenemos pruebas suficientes de la estructura y los diferentes operarios de los cinco millones de dólares y 500 millones de pesos en bienes como inmuebles y vehículos de alta gama”, detalló el procurador fiscal Claudio Cordero.
Delitos electrónicos
Según el Ministerio Público, el grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada «Estafa de los abuelos». La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.
La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En la Suprema, el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público.
La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
En la Operación 3.0 se ejecutaron 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, que se realizó en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se declare complejo.
