El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, ha presentado ante el Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2025.
La iniciativa sugiere la implementación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y a proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible.
En términos generales, los ingresos estimados para el año 2025 totalizan la suma de RD$1,277,364.7 millones, lo que equivale al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.
En lo que respecta a los gastos, se ha propuesto un incremento neto de RD$69,740.2 millones (lo que representa un aumento del 4.7 % en comparación con lo inicialmente aprobado), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$35,548.25 millones, lo que equivale al 0.4 % del PIB.
Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.
Asimismo, el incremento en el gasto incluye la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, además de recursos adicionales para organismos constitucionales.
Entre ellos, se destacan acciones para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma policial.
Como resultado, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. Sin embargo, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.
Este proyecto garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.
