El Gobierno de los Estados Unidos de América está considerando una propuesta que implicaría una reducción significativa en la duración de los visados para estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio cultural, de acuerdo con una norma preliminar presentada el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.
Según el borrador, los visados tipo F (estudiantes) y J (programas de intercambio cultural) tendrán una duración máxima de cuatro años, o menor si el programa lo establece, mientras que los periodistas con visa I dispondrán de 240 días. En todos los casos, se concederá la posibilidad de solicitar prórrogas, lo que proporcionará a la administración un mayor control sobre las estancias.
La normativa también incorpora modificaciones significativas: los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de área de estudios una vez matriculados en el programa, y dispondrán de un plazo de 30 días para abandonar el país tras la finalización de su formación, en lugar de los 60 días actuales. En lo que respecta a los estudiantes de inglés, el tiempo máximo de permanencia será de 24 meses.
Una de las medidas más estrictas afecta a los periodistas provenientes de China, quienes solo tendrán derecho a estancias de 90 días, con posibilidades de prórroga bajo condiciones más rigurosas.
El DHS estima que, durante la próxima década, la implementación de esta normativa supondrá un costo adicional anualizado de entre 390.3 y 392.4 millones de dólares, considerando tanto a solicitantes como a instituciones educativas y programas de intercambio.
La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos durante 30 días antes de avanzar a la siguiente etapa de revisión.
Antecedentes
En 2020, durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump impulsó una medida similar que no llegó a entrar en vigor debido al cambio de administración. La semana pasada, su equipo reactivó un proceso para revisar los historiales de más de 55 millones de personas con visas activas, con el fin de detectar posibles violaciones que podrían derivar en revocaciones o deportaciones.
De aprobarse, esta nueva normativa marcaría un cambio de gran impacto en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en sectores académicos, de intercambio cultural y en los medios de comunicación extranjeros acreditados en el país.
