El Gobierno ha tenido que transferir recursos adicionales a la ARS pública en al menos dos ocasiones en los últimos años debido al déficit financiero que ha enfrentado con más de 4 millones de afiliados.
La Resolución Ordinaria 619-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que autoriza la transferencia de 12 mil 500 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para cubrir el déficit del Seguro Nacional de Salud (Senasa), ha sido considerada ilegal por el abogado Olivo Rodríguez. Según él, esta acción no cumple con las normativas establecidas.
El jurista dijo que ese tipo de decisiones necesita ser aprobada mediante una ley especial o estar consignada en el presupuesto complementario que aprobó recientemente el Congreso.
Según la resolución, de fecha 28 de agosto, del monto global, seis mil millones de pesos son asignados para la protección en salud de las personas a través de la ARS Senasa; 5 mil millones para el fondo de la cuenta del cuidado de salud de las personas del régimen contributivo y mil 500 millones para inyectar a los fondos de subsidios que respaldan las prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad.
“En este caso se ha hecho un uso que se puede, que se está destinando para tapar unos problemas de carácter financiero, en una de las instituciones que componen el fondo de la seguridad social y para esto debería, en mi opinión, hacerse una modificación legal”, afirmó. Agregó: “Me da la sensación de que esto no podía hacerse de esta forma, o de esta manera, al menos que eso se haya consignado en el presupuesto complementario”.
El artículo 21 de la Ley 397 que crea el Idoppril en su párrafo dos, establece que las intervenciones, proyectos y programas destinados a la protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo que serán financiadas con los excedentes de los rendimientos financieros señalados, deberían ser aprobados por el consejo directivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales con el voto favorable de la mayoría de simple y por lo menos, un miembro de cada uno de los tres sectores que forman parte de dicho consejo y su presidente.
Añadió que de acuerdo con la ley 397-19 que modificó la ley 87-01, los miembros del CNSS que firmaron esa resolución pueden ser sometidos y condenados con hasta 5 años de prisión.
“Si algo tiene de bueno la ley 397 que creó el Idoppril es que también dispuso que los miembros del Consejo de la Seguridad Social que adopten decisiones contrarias a las leyes se convierten en solidariamente responsables y pueden ser pasibles de prisión de uno a cinco años, es decir, cualquier decisión que se tome debe estar precedida de un informe legal”, expuso en entrevista en Despierta con CDN del canal 37.
El abogado aclaró que es entendible que ante la situación de déficit financiera en que se encuentra Senasa por malas prácticas, es necesario buscar con prontitud los recursos que se necesitan si el gobierno central no dispone de esos recursos. “Se ha creado ese mecanismo, pero es un mecanismo que yo dudo que tenga validez legal y que, además, debo decir, es muy riesgosa la toma de este tipo de decisiones”, insistió.
El Senasa está bajo escrutinio público por una supuesta red de corrupción que el propio presidente Luis Abinader reconoció y reveló que el Gobierno presentó la denuncia ante la Procuraduría en noviembre del pasado año. El gobernante también designó a Edward Rafael Guzmán Padilla, como director ejecutivo del Senasa.
