“Por primera vez en República Dominicana la corrupción es un delito autónomo”, destacó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al exponer una conferencia sobre la importancia que tienen para la transparencia el aprobado Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
“¿Qué quiere decir que es un delito autónomo? Que cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y ese acto de corrupción no necesariamente tiene que estar expresamente dependiendo de otra conducta sino, ya puede ser sancionado desde el tipo penal autónomo”, dijo Reynoso.
La conferencia celebrada en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), se abordaron importantes reformas en la lucha contra la corrupción. El titular de la DGA, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, anunció que “al que se le condenó por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a una función pública, ni electiva, ni de designación. Tiene inhabilitación de por vida”.
Además, se destacó que la legislación actual no solo persigue a personas físicas, sino también a personas jurídicas, poniendo en riesgo a decenas de empresas que podrían ser inhabilitadas por decisiones judiciales recientes.
Durante el evento, también estuvieron presentes la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, quienes subrayaron la importancia de que tanto los colaboradores de la DGA como la sociedad en general conozcan el impacto del nuevo Código Penal, establecido por la Ley 74-25.
El abogado Reynoso resaltó que los nuevos tipos penales, que entrarán en vigencia en 2026, se han alineado con la Ley de Lavado de Activos, con penas que oscilan entre 3 y 10 años. “Todos estos tipos penales fueron alineados con la Ley de Lavado de Activos, lo que quiere decir que todos al menos tienen de pena de 3 a 10 años”, afirmó.
Reynoso también destacó la acumulación de penas y la alineación del nuevo código con la convención contra la corrupción, lo que lo posiciona a la par de las normativas de los países más avanzados en este ámbito. Con más de dos décadas de experiencia en la docencia y aplicación de normas penales, enfatizó que esta ley es un paso positivo hacia un sistema más justo.
El director de Aduanas concluyó con una poderosa reflexión: “La corrupción es transversal al desarrollo de los pueblos. Cuando se comete un acto de corrupción, los fondos que deben ir a Salud Pública, Educación y Seguridad no llegan. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”.
Esta nueva legislación representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, buscando proteger los recursos destinados al bienestar de la población.
