La Dirección General de Migración (DGM) ha aclarado este jueves que cuenta con el respaldo legal suficiente para llevar a cabo inspecciones en construcciones y lugares de trabajo sin necesidad de una orden judicial. La institución ha comunicado que dicha facultad se deriva de la Ley 285-04, la cual regula los flujos migratorios en el país. En particular, el Artículo 6, numeral 14, confiere a la DGM la facultad de «inspeccionar los lugares de trabajo».
Además, el Artículo 107 especifica que, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto, la Dirección General de Minería (DGM) tendrá la facultad de realizar inspecciones en los lugares de trabajo para adoptar las medidas pertinentes, sin perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda el Ministerio de Trabajo.
La aclaración de la DGM surge como respuesta a un comunicado público emitido por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici). La agrupación manifestó su preocupación ante la presencia de agentes de interdicción en propiedades privadas y proyectos de construcción en distintas zonas del país y a diferentes horas, alegando que no se cuenta con una orden judicial que ampare dichas intervenciones.
La DGM insistió en que esas incursiones se realizan sólo cuando hay evidencias de que en las construcciones se esconden indocumentados y que siempre se hacen en el marco legal, para la defensa del orden, la seguridad ciudadana y con la prioridad de salvaguardar la integridad del territorio nacional.
Enfatizó que el presidente Luis Abinader y el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado han reiterado la importancia de mantener la paz social y la estabilidad institucional, por lo que las inspecciones deben interpretarse en el contexto de la protección de la seguridad pública y la soberanía, sin menoscabar derechos fundamentales.
