Estados Unidos ha tomado la decisión de extraditar a los dos supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, tras un ataque militar contra un submarino narcotraficante en el Caribe. Este acto dejó un saldo de dos personas fallecidas y representa un nuevo episodio en la ofensiva antidrogas de Washington en la región.
El presidente Donald Trump anunció este sábado a través de su cuenta en Truth Social la destrucción de la embarcación y detalló que los supervivientes serán enviados a sus países de origen para ser entregados a las autoridades correspondientes.
El operativo, llevado a cabo el pasado jueves en aguas cercanas a Venezuela, se enmarca dentro de una serie de acciones militares que han incrementado la presencia estadounidense en el Caribe, generando un extenso debate político y legal.
Según Trump, la embarcación destruida transportaba fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos por una ruta conocida de tráfico ilícito. “Fue un gran honor para mí destruir un enorme SUBMARINO QUE TRANSPORTABA DROGAS que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico”, escribió el mandatario en Truth Social. El presidente también calificó a los ocupantes como “terroristas” y aseguró que los dos sobrevivientes serán “devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados”.
El ataque representa el sexto operativo conocido contra embarcaciones sospechosas en la región desde el mes anterior y el primero en el que se reportan sobrevivientes entre la tripulación. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han precisado el número exacto de personas a bordo ni cuántos resultaron con vida. En los cinco ataques previos, al menos 27 personas murieron, de acuerdo con datos de la administración estadounidense.
Ofensiva militar estadounidense en el Caribe
La ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe se ha intensificado en las últimas semanas, con un despliegue que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear, ocho buques de guerra, bombarderos estratégicos B-52 y unos 10.000 soldados.
El miércoles anterior al ataque, bombarderos B-52 sobrevolaron a unos 240 kilómetros al norte de la costa venezolana. Ese mismo día, Trump reconoció haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, citando motivos de lucha contra el narcotráfico y control migratorio.
En Truth Social, el presidente ha publicado videos de algunos de estos ataques, describiendo a los fallecidos como “narcotraficantes”.
La legalidad de estas operaciones ha sido objeto de controversia en el ámbito político y jurídico estadounidense. Legisladores demócratas y expertos legales han manifestado dudas sobre el cumplimiento de los marcos legales internacional e interno, y han solicitado al Ejecutivo que presente pruebas de que las embarcaciones interceptadas realmente transportaban sustancias ilícitas. Algunos congresistas han sostenido que la administración necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo este tipo de acciones militares.
El gobierno de Trump, por su parte, ha defendido los operativos bajo el argumento de que Estados Unidos mantiene un conflicto armado no internacional con organizaciones narcoterroristas presentes en Venezuela, lo que, a su juicio, legitima el uso de la fuerza.
En medio de este contexto de tensión, Maduro advirtió que está dispuesto a declarar el estado de emergencia y a asumir poderes adicionales en caso de un ataque, en respuesta a lo que califica como una “agresión estadounidense”.
