Dos asociaciones de fiscales, dos exprocuradores y varios partidos de oposición, advirtieron sobre el proyecto de reforma constitucional, que entre otras cosas busca la designación de un Procurador General Independiente, y que será presentado en el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader luego de su juramentación el 16 de este mes.
Las Asociaciones de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic), y los ex procuradores Radhamés Jiménez Peña y Francisco Domínguez Brito, consideran que se ha generado un malestar general con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución de la República, donde se instituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público.
Fiscaldom sostiene que el proyecto de Ley que declara la necesidad de reformar la Constitución plantea relegar ese órgano constitucional a un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que a su juicio merma su autonomía o, incluso, desaparecerlo.
“Esto ha sido una sorpresa para los fiscales, pues en las motivaciones del proyecto de Ley no se explica cuáles son los motivos por los cuales se está tomando esta medida en contra del Consejo de los fiscales, el cual es una figura establecida como espejo del Consejo Superior del Poder Judicial, debido a que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuentan con autonomía e independencia como parte del fortalecimiento del estado social democrático de derecho”, aduce la entidad.
Indicó que, pese a que han sido llamados 50 abogados al Palacio Nacional para discutir este proyecto de Ley de reforma, en el grupo no hay ni un solo fiscal o representación de las asociaciones de fiscales, “quedando totalmente excluidos de un proceso del cual se supone su institución es una de las principales protagonistas.
Agrega que con el proyecto se destruye la independencia y autonomía que se ha logrado en todos los años de instauración de la carrera del Ministerio Público y se violentan derechos adquiridos y los principios constitucionales, pretendiendo armar un traje a la medida del actual gobierno.
“Preocupa que, hablando de garantías de la independencia del Ministerio Público -paradójicamente- se intente menoscabar la autonomía constitucional de la que goza su órgano de gobierno”, enfatiza la entidad.
Mientras que Adofic, que preside el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, asegura que el presidente de la República pretende destruir el Ministerio Público al sacar de la Constitución el Consejo Superior del organismo.
“El Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano de gobierno que da contrapeso al procurador de turno”, destacó el magistrado López, quien entiende que los fiscales deben elegirse por una “terna de procuradores de corte”, no por el Consejo Nacional de la Magistratura como lo propone el jefe de Estado.
La contrarreforma
En tanto Jiménez Peña, quien es vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que en el proyecto de reforma que presentó el gobierno subyace una contrarreforma, que de materializarse desmantelará la carrera del Ministerio Público y lo retrotraerá a 20 años en el tiempo.
Aseguró que a los proponentes de la reforma se le ve el refajo cuando en la propuesta pretenden dejar fuera al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución.
“Nadie en su sano juicio puede negar el avance institucional del Ministerio público en la República Dominicana con el blindaje que le dio la Constitución del año 2010; el proceso de despolitización de la institución es inocultable”, sostuvo Jiménez Peña.
Manifestó, que si realmente se quiere fortalecer la independencia del Ministerio Público con tan sólo introducir un párrafo a su ley orgánica que diga: “el Consejo Superior del Ministerio Público, escogerá una terna de tres procuradores generales de cortes provenientes de la carrera y se lo enviará al presidente entrante de la República para que de ellos escoja cuál sería el procurador general”, ahí sí fortaleceríamos aún más la independencia del Ministerio Público sin necesidad de modificar la Constitución.
Mientras el ex procurador general, Francisco Domínguez Brito, quien es miembro del comité político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que eliminar el Consejo Nacional del Ministerio Público es una contrarreforma y un intento de eliminar el rémien de carrera e independencia de los fiscales.
Finjus expone avances
En tanto que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, al ser consultado al respecto dijo que habría que evaluar a lo interno del Ministerio Público, si ese Órgano ha contribuido a una buena gobernabilidad, por el tipo de decisiones que se toman.
Manifestó que igualmente, el Consejo Superior del Ministerio Público no está sujeto a ningún mecanismo de control y que hay que evaluar si ha contribuido ese órgano a fortalecer realmente al MP. “Han contribuido sus decisiones y prácticas al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, siempre partiendo de la lógica de que esta es una institución pública”.
El artículo 174, del proyecto de reforma constitucional, busca eliminar el texto de esta disposición y, en su lugar, disponer que la ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno.
Aseguró que las reformas institucionales representan la espina dorsal del desarrollo y la estabilidad de los Estados, pues contribuyen a la eficiencia de los procesos de esas entidades y concentran aspectos clave en la gestión de los recursos y la prestación de sus servicios a la sociedad.
Castaño Guzmán consideró que el país ha registrado notables avances en el ámbito de las instituciones públicas y que se compara con las existentes en décadas pasadas, que han permitido al Estado dominicano enfrentar los retos del cambiante escenario internacional y aprovechar las oportunidades que se presentan.
Integrantes del Consejo
El Consejo Superior del Ministerio Público, lo preside la procuradora general de la República, Miriam German Brito, la procuradora adjunta Isis Germania de la Cruz, el procurador general de Corte José Del Carmen Sepúlveda, el fiscal adjunto Denny Frey Silvestre Zorrilla y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez.
Funciones del órgano interno
En cuanto a las funciones del Consejo Superior, es el órgano de gobierno interno, encargado de dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público y de supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria de la institución.
También, le corresponde ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción de la persona que asuma la Procuraduría General de la República.
Partidos políticos de oposición
Algunos sectores de la sociedad han considerado positivos algunos de los articulados del proyecto de reforma. Por ejemplo, el excandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, favoreció la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, al tiempo de valorar como importantes muchos aspectos de la reforma constitucional propuesta por el gobierno. Sin embargo, entiende que el tema no debe desviar la atención de las grandes dificultades y retos que enfrenta el país.
También el partido Opción Democrática (OD), que entiende más importante que el Gobierno concentre sus esfuerzos en desarrollar reformas e iniciativas que eleven la calidad de vida de los ciudadanos.
Su vicepresidente, José Horacio Rodríguez, señaló distintas áreas en el país que requieren de la intervención de las autoridades para garantizar su mejoría. “Ninguno de los puntos planteados sirve para tener un impacto en la calidad vida del pueblo dominicano. Esas reformas se aprueban y al otro día los dominicanos viven igual…”, dijo.
Horacio Rodríguez, dijo no obstante, que están de acurdo con reducir la matrícula de la Cámara Baja para pasar de 190 a 153 miembros, pero que debe estar acompañada de reforma electoral. También calificó como catastrófico que la propuesta de reforma constitucional busque la unificación de los niveles de elección municipales, congresuales y presidencial. “Es imposible hacer el proceso de escrutinio en una noche sin que se provoque un caos sin garantías…”, precisó.
Mientras el presidente del Partido Quisqueya Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, también impugnó que el presidente Abinader pueda utilizar la mayoría absoluta en el próximo cuatrienio 2024-2028, para aprobar la reforma constitucional.
Esto, partiendo de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrá a partir del 16 de este mes 144 representantes en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado de la República.
“Yo entiendo que el Presidente deberá hacer las consultas condignas y escuchar los reparos que tenemos”, expresó.
Wessin Chávez recordó que la reforma constitucional del 2010 tomó en consideración las posiciones de los distintos sectores de la sociedad.
Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que esperará a que la pieza sea sometida ante el órgano legislativo para fijar una posición sobre los artículos.
“El PLD vía sus voceros estatutarios responderá cuando el presidente de la República la someta formalmente ante la Asamblea Nacional”, dijo el secretario general del PLD, Charlie Mariotti.
En la misma situación se encuentra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), según anunció el vocero de la bancada de diputados, Saury Mota.
