El Presidente observó la Ley núm. 225-20 sobre el manejo integral y coprocesamiento de residuos sólidos, recientemente aprobada para equilibrar la libre competencia y proteger el ambiente. Entre las principales recomendaciones destaca un plazo de 12 meses para eliminar el plástico de un solo uso y el foam, excepto en envases de comida tipo laptop , que tendrán un periodo de gracia de 24 meses por falta de alternativas económicas.
La ley también establece que, a partir de un año, se cobrará por las fundas plásticas no biodegradables en comercios, impulsando campañas para promover bolsas reutilizables o ecoamigables. Otra medida importante es la prohibición de importar cubiertos y tapas plásticas no biodegradables, que comenzará 60 días después de la promulgación.
El Ejecutivo busca además ampliar los criterios para estaciones de transferencia y rellenos sanitarios, basándolos en distancias técnicas y ambientales en lugar de regiones, y salvaguardar la autonomía municipal eliminando limitaciones al uso del suelo impuestas en la ley. En lo económico, sugiere reducir la duración mínima de contratos con gestores autorizados y mantener la tarifa base para operadores privados, con ajustes anuales por inflación.
Estas observaciones muestran el compromiso del Gobierno con la reducción gradual del plástico y foam, así como con programas de responsabilidad extendida y retorno de envases. Según el artículo 102 constitucional, el Senado deberá discutir estas propuestas en su próxima sesión para su posible aprobación y posterior envío a la Cámara de Diputados.
Especialistas en gestión ambiental resaltan que el enfoque en plazos y flexibilidad para ciertos materiales plásticos clave permite una transición sostenible, evitando impactos económicos drásticos a sectores productivos mientras se avanza en la protección ambiental, un equilibrio crucial para políticas verdes efectivas.
Plásticos de un solo uso enfrentarán eliminación gradual en nueva ley ambiental

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