Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana dictó la primera sentencia a nivel nacional que acoge la figura de la venta anticipada de bienes incautados, en un proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelados mediante la Operación Guepardo.
La magistrada Vicky Chalas tomó la decisión tras acoger un pedimento solicitado en ese sentido por los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PEPCA), junto a la fiscal Mayerling Rondón de La Romana.
Los bienes incautados corresponden a la empresa Novasco Real Estate SRL, vinculada a los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova (cabecilla principal, apresada en Colombia y pendiente de extradición).
El Ministerio Público explicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes, como materiales de construcción y equipos de oficina, se dañen o se deterioren.
Sostiene que los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas, una vez que un tribunal ordene el decomiso final en una sentencia condenatoria.
