Estados Unidos anunció este miércoles que impondrá a Nicaragua, a partir del 1 de enero de 2026, un arancel gradual durante dos años a todas las importaciones nicaragüenses que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La medida se adoptará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 «para abordar los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho», explicó en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).
El arancel se establecerá en 0 % el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 % el 1 de enero de 2027 y al 15 % el 1 de enero de 2028, puntualizó.
«Cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18 %», indicó la USTR.
Asimismo, esa Oficina advirtió que «si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas», relacionados a los abusos de derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho, «este cronograma y estas tasas podrían modificarse».
El Gobierno de EEUU evaluaba imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
Entre las medidas propuestas por la USTR contra el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se incluían «aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses» de forma «inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses».
La entidad comercial estadounidense también había propuesto «la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana» (DR-CAFTA, en inglés).
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.
Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007 y desde hace ochos años junto con su esposa, Rosario Murillo, designada «copresidenta» tras una reforma de la Constitución Política.
Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EEUU sobre las posibles violaciones cometidas por el Gobierno de Ortega y Murillo comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata Joe Biden, bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.
Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.
Hasta el 19 de noviembre pasado, la USTR ha recibido más de 2,000 comentarios por escrito, con lo que han determinado que «el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos», junto a otros «abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses».
