La abogada Laura Acosta aseguró que el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) pudo ser desmantelado hace tres años.
De acuerdo a la defensora del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo; José Pablo Ortiz, uno de los testigos del Ministerio Público en ese caso y el denominado Calamar, contó con ingresos irregulares, pruebas que posee el órgano acusador desde el 2022.
Acosta dijo que verificó los datos del caso y que el Ministerio Público ocultó lo de Ortiz para presentarlo como “testigo contra Gonzalo sin importar lo de Senasa”.
“El Ministerio tenía esas pruebas y no las presentó; yo las tengo porque fui al registro mercantil y ahí comprobé que el ministerio las tenía. Con esas investigaciones se pudo detectar el caso Senasa hace tres años”, dijo la abogada Acosta en declaraciones a la prensa.
José Pablo Ortiz figura en múltiples ocasiones en la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Explicó que Ortiz Giráldez transita como testigo protegido, sin evaluación crítica de su credibilidad ni contraste riguroso de su rol en la estructura investigada.
Para la defensa, este trato preferencial es incompatible con la obligación de objetividad que ata al Ministerio Público.
La abogada Acosta trajo este dato a la mesa para decir que el caso «más atroz del país según la prensa» pudo ser detectado «hace tres años si el ministerio hubiera querido».
En el 2022, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en caso Senasa, José Pablo Ortiz, expresó que era intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales del 25 % a Khersun y del 30 % a Nutrimed sobre su facturación con el SeNaSa.
“Es un privilegio procesal inadmisible. Ortiz Giráldez ha sido protegido sistemáticamente, aun cuando las evidencias indican que su rol ameritaba una investigación profunda. El Ministerio Público sabía lo que ocurría y optó por no detenerlo”, sostuvo Acosta.
La defensa cerró tras reiterar que la acusación contra Gonzalo Castillo “no puede sostenerse sobre omisiones deliberadas, contradicciones documentales y privilegios ocultos ni contra la constitución”, por lo cual insistió en la nulidad absoluta del proceso.
El juicio continuará el próximo jueves.
