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Familiares de víctimas Jet Set acusan al Estado de negligencia y exigen casi RD$ 2 mil millones en indemnización

Ana García
Última actualización: febrero 2, 2026 8:27 PM
Ana García
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3 Min Lectura
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Familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set interpusieron una demanda patrimonial contra el Estado, el Ayuntamiento del D.N. y el exministro de Vivienda, Carlos Bonilla, argumentando que una “negligencia grave y una omisión antijurídica” por parte de las autoridades contribuyó directamente a la magnitud del desastre y exigiendo una indemnización que asciende a casi RD$ 2 mil millones por daños materiales y morales.

Contents
Demanda no incluye a la alcaldesa Carolina MejíaCuestionamientos al presidente Abinader

La demanda, depositada el 29 de enero de 2025, reclama un total de RD$ 1,983,670,353.96, correspondiente a RD$ 909,949,854.05 por daños materiales y RD$ 1,073,720,499.91 por daños morales.

Los familiares consideran que tanto el Estado, a través del Ministerio de Edificaciones y Vivienda, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional tienen responsabilidad directa en la muerte de nueve personas y en las lesiones ocasionadas a una sobreviviente.

Las víctimas identificadas son: César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.

Demanda no incluye a la alcaldesa Carolina Mejía

Aunque la acción incluye al exministro Carlos Bonilla, los familiares no demandaron a la alcaldesa Carolina Mejía debido a que la responsabilidad legal recaía sobre Christian Alejandro Tejada Pichardo, director de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional, quien falleció durante la tragedia.

La demanda fue introducida ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, instancia encargada de conocer las acciones patrimoniales contra el Estado y sus funcionarios.

Los representantes aseguran que el propio Ministerio Público, con base en peritajes técnicos incluidos en la acusación penal, determinó que el Estado incumplió sus obligaciones de supervisión establecidas en diversas normas, entre ellas la Ley 674 de 1944, Ley 6232 de 1963, el Decreto 596-06 y la Ley que creó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

Sostienen que esta falta de acción contribuyó a una tragedia que dejó 236 muertos y más de 100 heridos, además de cientos de familias devastadas.

Cuestionamientos al presidente Abinader

Los familiares rechazan la afirmación del presidente Luis Abinader sobre un supuesto “vacío legal” en la regulación de establecimientos como Jet Set. Aseguran que las leyes estaban claras y que esa declaración buscó “disfrazar la responsabilidad del Estado”.

A esto se suma que la comisión anunciada por el mandatario, destinada a investigar los hechos, “nunca terminó de ser formalmente designada”, lo que, según los afectados, entorpeció el proceso.

Los representantes denuncian que el Gobierno no ha dado ningún paso para remediar el daño causado a los huérfanos, viudos, viudas y demás parientes que quedaron en situación vulnerable, pese a la magnitud de la tragedia.

Aseguran que, hasta la fecha, las familias han tenido que enfrentar solas las consecuencias emocionales y económicas del episodio más doloroso que ha marcado al país en años recientes.

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