Fue recusada la jueza Fátima Veloz, apoderada para el conocimiento de la medida de coerción contra los administradores de la empresa Comercial Barra Payán.
Los imputados están vinculados a la operación de los negocios Barra Payán y Panadería Payán por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la emblemática entidad.
Luego de que a la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se le planteara un incidente por parte de la defensa, el abogado de uno de los querellantes interpuso la recusación en su contra.
Ante esta situación, la magistrada informó que el caso queda pospuesto hasta tanto se decida sobre la recusación incoada.
Tras la medida, el proceso se suspende a la espera de que la Corte de Apelación ratifique a la magistrada o designe a un nuevo juez.
Defensa califica acción como «terrorismo judicial»
De inmediato, la barra de la defensa de los imputados, encabezada por Francisco Domínguez y Ernesto Pérez Morales, calificó la acción como un acto de «terrorismo judicial» y una estrategia para dilatar el proceso ante la posibilidad de que se declare la prescripción de los hechos.
Según los abogados, el caso no debería ventilarse en la jurisdicción penal. «Si ustedes estuvieran ahí, verían que es un problema de herencia. Incluso uno de los imputados manifestó que lo único que desea es que la justicia intervenga para que le den lo que le corresponde en la partición», explicaron los abogados a la salida del tribunal.
La defensa sostiene que no existe violación penal y que el expediente carece de sustento sólido, señalando que los hechos narrados en la querella (interpuesta en 2022) se remontan a los años 2014, 2016 y 2017.
«Cuando un abogado plantea una recusación sin fundamento legal, el juez queda atado de pies y manos. En el nuevo proceso penal esto se llama litigación temeraria», sentenció Pérez Morales.
Advirtieron que, de ser rechazada la recusación por la Corte, solicitarán una sanción de 15 salarios mínimos contra los responsables, tal como contempla la ley para quienes abusan de los mecanismos judiciales.
Detalles de la acusación
La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicita al tribunal que se imponga a Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La investigación, sustentada en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, revela un esquema que consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas bancarias de la empresa. Se detectaron discrepancias significativas entre los cuadres manuales de las cajeras y los depósitos reales, principalmente entre los años 2019 y 2022.
El monto total de lo defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes. El Ministerio Público califica los hechos como abuso de confianza, tipificado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano.
