El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) sostuvo que el colapso de la justicia penal en el país responde al uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces y al déficit presupuestario crónico que afecta al Poder Judicial.
Los abogados que integran el instituto fijaron su posición tras las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien admitió el «colapso total» del sistema de justicia penal en la República Dominicana.
Si bien el IDDP coincide parcialmente con el diagnóstico del magistrado Molina, los juristas que integran su Dirección Ejecutiva señalaron que el titular del Poder Judicial omitió las causas estructurales y de fondo que han provocado esta crisis.
La «cultura» de la prisión preventiva
Para el jurista Carlos Balcácer, miembro de la entidad, uno de los factores determinantes del colapso es la «cultura de la prisión preventiva» que impera en las Oficinas de Servicios de Atención Permanente de todo el país.
Balcácer sostiene que este fenómeno se debe a que el Ministerio Público solicita de forma sistemática la medida de coerción más gravosa.
Según indicó, esto satura el sistema con una multiplicidad de trámites procesales, como apelaciones, revisiones y peticiones que consumen tiempo vital que debería destinarse a administrar justicia, incluso en procesos de baja lesividad social.
Déficit presupuestario y violación constitucional
Asimismo, el jurista denunció que el colapso tiene una raíz financiera ignorada por el magistrado Molina, como lo es el incumplimiento sistemático de la Ley No. 194-04. Esta legislación establece que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben recibir, en conjunto, al menos el 4.10% de los ingresos internos del Estado.
Manifestó que el Poder Ejecutivo recorta año tras año esta partida, lo que constituye una «inaceptable violación al artículo 63 de la Constitución», que garantiza la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
De acuerdo con los juristas, el Estado adeuda más de 25 mil millones de pesos a la institución judicial producto de esta desobediencia legal.
Fuga de talentos y falta de tribunales
Destacó que la falta de recursos ha provocado «sueldos de miseria», lo que genera una «estampida de renuncias» de personal calificado hacia el sector privado, citando como ejemplo lo ocurrido en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Además, señaló la imposibilidad de crear nuevos tribunales y salas penales para absorber la creciente demanda de justicia derivada de la expansión demográfica y las nuevas modalidades delictivas tecnológicas.
Una solución de fondo
El IDDP entiende que la solución no reside únicamente en promover acuerdos entre las partes, sino en fortalecer la estructura misma del sistema.
«Con una estructura judicial dotada de buenos salarios y la ampliación de los espacios para administrar justicia, el colapso tristemente denunciado no tendría lugar», argumentan los profesionales del derecho.
