La Vega.– Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente realizaron una inspección en el sector Santo Cerro, sección Burende, provincia La Vega, tras una denuncia recibida a través de la plataforma Línea Verde sobre presuntas intervenciones irregulares en un terreno de la zona.
De acuerdo con el informe técnico, la visita fue realizada el 4 de febrero de 2026 por un equipo integrado por los técnicos Darío Concepción y Anderson Santana, acompañados por el mayor Echavarría, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), con el objetivo de evaluar el nivel de impacto ambiental generado en el área.
El terreno intervenido está ubicado en las coordenadas UTM 19.270076, -70.536163, en antiguos terrenos del ingeniero Rey Concepción.
Durante la inspección, los técnicos constataron una limpieza mecanizada en un área aproximada de 100 tareas, donde fue eliminado el sotobosque, arbustos y árboles menores. Asimismo, observaron la apertura mecanizada de calles de acceso con bordes laterales de entre 0.30 y 3.00 metros de altura, áreas niveladas y la reconstrucción de una vivienda antigua.
En el lugar también fue identificado un letrero que promociona la venta del terreno, con el mensaje “Dueño vende sin intermediario”, a nombre de José Tavares, con número de contacto visible.
El informe señala que estas intervenciones han afectado la flora y fauna del entorno y podrían haber provocado daños a pequeñas microcuencas cercanas. Además, indica que aparentemente se trata de una subdivisión con fines de desarrollo ecoturístico, debido a la ubicación del terreno en una zona montañosa próxima a la ciudad.
Las autoridades recordaron que el área había sido previamente minada con autorización del Ministerio de Medio Ambiente para la extracción de material de relleno, cuando el propietario era el ingeniero Rey Concepción, ya fallecido.
Como parte de las recomendaciones, el equipo técnico sugirió iniciar de inmediato un plan de reforestación, especialmente en las áreas previamente minadas; paralizar cualquier actividad operacional hasta tanto se introduzca formalmente la solicitud de desarrollo del proyecto y se obtengan los permisos correspondientes; y aplicar sanciones administrativas por presunta violación a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El caso se mantiene bajo evaluación de las autoridades ambientales para determinar las acciones legales y administrativas correspondientes.
