Legisladores del Senado y la Cámara de Diputados apoyaron la reforma a la Ley 33-18, destinada a fortalecer los mecanismos de control para evitar que el dinero del narcotráfico y del crimen organizado influya en las candidaturas políticas. El proyecto, presentado por el presidente del José Ignacio Paliza, establece nuevos requisitos para aspirar a cargos electivos, incluyendo 15 años de buena conducta certificada, declaración jurada patrimonial actualizada, prueba antidoping obligatoria y la posibilidad de anular una candidatura por falsedad de información. Legisladores del oficialismo destacaron la relevancia de la iniciativa, aunque advirtieron que sin voluntad política el dinero ilícito podría seguir afectando los procesos electorales.
El presidente de la Comisión de Interior y Policía, Carlos Sánchez, indicó que la reforma complementa leyes vigentes como la Ley de Lavado de Activos, Ley de Extinción de Dominio, Código Penal y Código Procesal Penal. Pese a los nuevos filtros, legisladores de la oposición señalaron que ya existen mecanismos similares en normativas actuales, mientras que Paliza y Ricardo de los Santos explicaron que el objetivo es frenar la influencia del poder económico en las candidaturas y garantizar la acción de la justicia. El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, subrayó que las candidaturas independientes están reconocidas por el Tribunal Constitucional y que el Congreso debe legislar en armonía con la normativa vigente. El Senado definirá próximamente la comisión especial que estudiará la iniciativa y sus integrantes.
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