El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la corrupción dentro del sistema de justicia constituye una de las formas más graves de irregularidades, debido a su impacto directo en la seguridad jurídica. En ese contexto, calificó como “grave” el caso del fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares del testigo Roberto Canaán en el marco del caso Senasa. El funcionario aclaró que la imputación formal contra Valdez Alcántara es por soborno, tras una operación de “entrega vigilada” ejecutada por el propio Ministerio Público.
Según explicó Camacho, el imputado solicitaba dinero a cambio de influir en el curso de investigaciones bajo su responsabilidad, lo que motivó una intervención autorizada judicialmente que permitió su arresto en flagrante delito. Indicó que la investigación continúa abierta para determinar si existen otros casos afectados o más personas implicadas. Asimismo, reiteró la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción impulsada por la Procuraduría General, asegurando que cualquier acto con evidencia será llevado ante los tribunales.
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