Una nueva política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligará a muchos solicitantes de la residencia permanente, conocida como “green card”, a salir del país mientras esperan una decisión sobre sus casos. Especialistas advierten que la medida podría afectar a cientos de miles de personas cada año.
La normativa elimina la posibilidad de que numerosos inmigrantes completen el proceso de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, obligándolos a regresar a sus países de origen para continuar el trámite a través de consulados estadounidenses. Expertos consideran que esta decisión rompe con una práctica vigente desde 1952.
Según analistas consultados, la medida podría provocar la pérdida de empleos, interrupciones familiares y largas separaciones entre esposos, hijos y otros parientes. También afectaría a trabajadores con empleo en Estados Unidos, beneficiarios de programas migratorios especiales y personas con largos años de residencia en el país.
Datos oficiales muestran que más de la mitad de quienes obtienen una residencia legal permanente cada año lo hacen mediante el ajuste de estatus dentro del territorio estadounidense. Organizaciones de abogados de inmigración sostienen que la nueva disposición tendrá un impacto significativo en familias de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Especialistas también interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia para reducir la inmigración legal. Advierten que las restricciones migratorias podrían generar consecuencias económicas al limitar la disponibilidad de trabajadores en sectores clave de la economía estadounidense.
La nueva política migratoria de Donald Trump obliga a numerosos solicitantes de la “green card” a regresar a sus países para completar el proceso consular, eliminando la posibilidad de finalizar el trámite dentro de Estados Unidos. Expertos estiman que la medida podría afectar a más de medio millón de personas cada año.
Organizaciones de inmigración alertan que la decisión provocará separaciones familiares, dificultades laborales y retrasos prolongados en los procesos de residencia. Además, consideran que forma parte de una política más amplia orientada a restringir tanto la inmigración irregular como la legal.
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