Las autoridades dominicanas desmantelaron un almacén en la provincia de San Cristóbal donde operaba una estructura dedicada a la reetiquetación fraudulenta de productos vencidos y al procesamiento de alimentos elaborados con materia prima en estado de deterioro. Durante el operativo fueron retiradas toneladas de mercancías que representaban un riesgo para la salud pública.
La intervención fue realizada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que en el establecimiento se manipulaban las fechas de vencimiento para comercializar productos caducados como si fueran aptos para el consumo. Según explicó, esta práctica ilegal constituye una amenaza directa para la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores.
Durante la operación fueron incautadas grandes cantidades de mercancías adulteradas, además de equipos y maquinarias utilizados para modificar etiquetas y fechas de expiración. Las autoridades también recopilaron evidencias que, según indicaron, confirman el funcionamiento sistemático de esta red fraudulenta.
El propietario del negocio fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con las autoridades, se trata de una persona reincidente en este tipo de delitos. El establecimiento fue clausurado y las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de aplicar sanciones ejemplares y fortalecer los operativos de vigilancia en todo el país para proteger la salud de la población.
Las autoridades desmantelaron en San Cristóbal una fábrica que presuntamente reetiquetaba productos vencidos y procesaba alimentos con materia prima deteriorada para comercializarlos como aptos para el consumo. Durante el operativo se incautaron toneladas de mercancías adulteradas, equipos de manipulación y otras evidencias relacionadas con la actividad ilegal.
El propietario del establecimiento fue arrestado y el negocio clausurado. Pro Consumidor aseguró que continuará reforzando las inspecciones y acciones de vigilancia para combatir prácticas que representen riesgos para la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.
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