La reforma tributaria impulsada por el Gobierno dominicano ya es una realidad. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26 apenas horas después de que fuera aprobada por la Cámara de Diputados, completando un proceso legislativo que tomó solo siete días desde su presentación oficial.
La iniciativa fue dada a conocer el pasado 11 de junio por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, como parte de un plan para enfrentar los efectos económicos derivados de la crisis internacional vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos. El proyecto fue presentado como una herramienta para fortalecer la estabilidad fiscal y la capacidad de respuesta del Estado ante un entorno global incierto.
La nueva Ley 30-26, denominada Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, busca recaudar aproximadamente RD$50,000 millones adicionales para el Presupuesto General del Estado mediante incrementos impositivos en distintos sectores económicos. El Poder Ejecutivo argumentó que estas medidas son necesarias para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El proyecto fue introducido en el Senado el viernes pasado y aprobado de urgencia cinco días después, tras ser estudiado por una comisión bicameral encabezada por el senador Pedro Catrain. Posteriormente pasó a la Cámara de Diputados, donde fue conocido y aprobado en dos lecturas consecutivas bajo el procedimiento de emergencia. Los legisladores de la Fuerza del Pueblo votaron en contra de la iniciativa y cuestionaron la rapidez del proceso.
Durante los debates, legisladores opositores criticaron aspectos como el aumento de impuestos a combustibles, el impacto sobre el gas licuado de petróleo y la falta de una indexación completa del Impuesto Sobre la Renta a la inflación. También advirtieron sobre posibles efectos en el costo de vida. En contraste, diputados del Partido de la Liberación Dominicana destacaron medidas favorables incluidas en la ley, como la eliminación definitiva del anticipo para microempresas, la reducción de impuestos sucesorales entre padres e hijos y beneficios fiscales para familias con personas con discapacidad.
