SANTO DOMINGO.– Dos exjueces de altas cortes y un magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional coincidieron en que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor en el plazo previsto para agosto de este año, rechazando de manera categórica la propuesta de extender la vacatio legis hasta febrero de 2027.
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, los juristas Alejandro Moscoso Segarra, Rafael A. Báez y Kathia Miguelina Jiménez argumentaron que, a pesar de que la pieza legislativa contiene aspectos perfectibles, retrasar su aplicación no es la solución técnicamente correcta.
Modificaciones desde el Tribunal Constitucional
Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia y decano de UNAPEC, reconoció que el texto penal tiene puntos que corregir. Sin embargo, sugirió que la vía idónea es permitir su vigencia para luego introducir reformas en el Congreso o esperar el rol del Tribunal Constitucional (TC).
«Lo recomendable sería que el Código Penal entre en vigencia y que se presenten proyectos de reforma, o que el Tribunal Constitucional emita una sentencia exhortativa al Congreso para que modifique o extraiga del texto algunos tipos penales», expresó Moscoso Segarra.
En esa misma línea, el magistrado Rafael A. Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, recordó que el país lleva más de 30 años batallando por una normativa moderna. Báez destacó que el TC tiene actualmente al menos seis acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre el código, lo que podría generar respuestas rápidas que obliguen al Congreso a subsanar los cabos sueltos, un camino mucho más expedito que esperar el desarrollo de la jurisprudencia ordinaria.
La naturaleza de la vacatio legis
Por su parte, Kathia Miguelina Jiménez, exjueza del Tribunal Constitucional, advirtió sobre el peligro de desnaturalizar las herramientas jurídicas al intentar usar la prórroga para alterar el contenido de la ley.
«Bajo ningún concepto la vacatio legis es para hacerle arreglos a una ley. Hacerlo sería desnaturalizar este concepto desde la estricta técnica jurídica», enfatizó la exmagistrada.
Jiménez aclaró que este periodo de espera tiene como único fin que la ciudadanía y los profesionales conozcan las nuevas reglas y el sistema se adapte para evitar la inseguridad jurídica.
El sistema judicial no está listo, pero urgen a avanzar
Al ser cuestionados sobre el nivel de preparación de los actores del sistema para la fecha límite de agosto, los tres expertos coincidieron en un diagnóstico preocupante: la clase jurídica nacional aún no está preparada debido al desconocimiento en detalle de la nueva pieza.
Respecto a las instituciones estatales, señalaron que el Poder Judicial se encuentra en pleno proceso de inducción para los jueces, mientras que el Ministerio Público ha intensificado las capacitaciones para sus fiscales. A pesar de este rezago, concluyeron que la solución no es postergar la ley, sino acelerar los trabajos de adaptación.
