La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento, insalubridad y vulneración de derechos fundamentales en ese centro de detención.
El recurso fue depositado ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, que aplazó la audiencia para el próximo 10 de julio de 2026. Antes de esa fecha, las instituciones demandadas deberán presentar sus escritos de defensa para que el tribunal conozca el fondo del caso.
La acción surge luego de una inspección realizada el 8 de junio en la sede ubicada en el sector Alma Rosa, donde defensoras públicas constataron que 85 personas permanecían detenidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales. De ese total, 27 esperaban medidas de coerción o diligencias procesales, mientras que otras 58 ya tenían medidas impuestas, pero seguían en el destacamento por falta de traslado a centros penitenciarios.
La Defensa Pública advirtió que esta situación evidencia fallas en el sistema de traslados penitenciarios y provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones que no cuentan con condiciones adecuadas para su permanencia. Según la institución, esto vulnera derechos como la dignidad humana, la integridad física, la salud y el debido proceso.
El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el problema no es aislado y recordó que en 2019 la institución obtuvo una decisión favorable sobre condiciones similares en la denominada «carcelita» del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, precedente que posteriormente fue ratificado por el Tribunal Constitucional.
