Santo Domingo. — El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rechazó este jueves las propuestas para aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y aseguró que algunos sectores han intentado “satanizar” la legislación mediante cuestionamientos a disposiciones que, según afirmó, ya estaban contempladas en códigos inspirados en el derecho francés desde el siglo XIX.
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, De los Santos sostuvo que el nuevo Código Penal debe comenzar a aplicarse el próximo 3 de agosto, como está previsto en la ley, y advirtió que retrasar su implementación representaría un perjuicio para el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.
“Lo han querido satanizar con temas que están plasmados desde 1811 y que están igual redactados en ese código”, expresó el presidente del Senado al referirse a las críticas que ha recibido la nueva normativa.
El legislador explicó que la pieza legislativa ya fue promulgada y que, jurídicamente, no puede ser modificada antes de su entrada en vigor. Indicó que cualquier ajuste o reforma deberá tramitarse una vez el Código esté vigente, conforme al procedimiento legislativo establecido.
De los Santos también argumentó que posponer la aplicación del nuevo Código Penal dejaría al Ministerio Público y a los tribunales sin herramientas actualizadas para enfrentar modalidades delictivas que no estaban contempladas en la legislación anterior, vigente durante más de un siglo.
Las declaraciones se producen en medio de un debate nacional sobre la conveniencia de diferir la entrada en vigor de la Ley 74-25, propuesta respaldada por algunos juristas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que consideran necesario revisar determinados artículos antes de su aplicación. Sin embargo, otros sectores sostienen que la reforma representa una modernización indispensable del sistema penal dominicano y que las modificaciones pueden discutirse posteriormente mediante iniciativas legislativas.
El nuevo Código Penal sustituye el marco legal que regía desde 1884 e incorpora nuevos tipos penales y disposiciones dirigidas a responder a formas contemporáneas de criminalidad. Su aprobación fue el resultado de un prolongado proceso de discusión legislativa que se extendió durante varios años y estuvo marcado por desacuerdos en torno a diversos temas de alto interés público.
