Santo Domingo.– El doctor Ricardo Nieves cuestionó las objeciones planteadas por dirigentes de la oposición al nuevo Código Penal dominicano, al señalar que representantes de esas organizaciones participaron en el proceso legislativo y que sus congresistas votaron favorablemente por la aprobación de la normativa.
Las declaraciones de Nieves surgen luego de que el dirigente político Gonzalo Castillo planteara la necesidad de detener la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y abrir un período de un año para realizar un debate nacional sobre la legislación. Castillo argumentó que la pieza no alcanzó un consenso suficiente y expresó preocupación por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y otros aspectos del texto aprobado.
Nieves consideró innecesario prolongar el proceso de entrada en vigor de la nueva legislación, al recordar que la discusión del Código Penal dominicano se ha extendido durante décadas en el Congreso Nacional. Según su planteamiento, el camino adecuado sería identificar los puntos que requieran ajustes y trabajar en modificaciones específicas sin detener la aplicación general de la ley.
El debate sobre el nuevo Código Penal se intensificó en las últimas semanas ante las solicitudes de varios sectores para ampliar el período de transición antes de su aplicación. Algunos legisladores y organizaciones han planteado la necesidad de más tiempo para revisar disposiciones que consideran problemáticas, mientras otros sectores defienden que la norma entre en vigencia en la fecha establecida y que las correcciones puedan realizarse posteriormente mediante reformas.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha defendido que el Código Penal entre en aplicación en la fecha prevista, aunque ha señalado que las leyes pueden ser modificadas posteriormente porque ningún texto legislativo es definitivo. La entrada en vigencia está prevista para el 3 de agosto, después del período de vacatio legis establecido.
Entre los principales puntos de discusión pública figuran las disposiciones relacionadas con los delitos contra el honor, la libertad de expresión y las responsabilidades penales. Sectores críticos han advertido sobre posibles restricciones al debate público, mientras que sus defensores sostienen que la legislación busca actualizar el sistema penal dominicano y fortalecer las herramientas contra la criminalidad.
La controversia ha abierto una nueva discusión política en República Dominicana sobre el papel del Congreso, la responsabilidad de los partidos que participaron en la aprobación de la ley y la necesidad de equilibrar la actualización del sistema judicial con la protección de derechos fundamentales.
Mientras continúan las posiciones encontradas, el futuro inmediato del Código Penal dependerá de las decisiones que adopten los legisladores frente a las propuestas de modificación y de los posibles recursos que puedan presentarse ante las instancias correspondientes.
