Santo Domingo.– El proceso judicial por el presunto fraude multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entra en una nueva etapa. Cinco de los diez imputados han iniciado negociaciones con el Ministerio Público para acogerse a un acuerdo penal abreviado, mecanismo contemplado en el Código Procesal Penal mediante el cual los acusados admiten los hechos que se les atribuyen a cambio de una reducción de la pena y otras condiciones establecidas por la ley.
Las conversaciones, confirmadas en el expediente que conoce la jurisdicción especializada, representan un giro importante en uno de los casos de corrupción administrativa de mayor impacto en el sistema de salud dominicano, donde el órgano acusador sostiene que una estructura integrada por funcionarios y particulares habría defraudado al Estado con miles de millones de pesos mediante maniobras fraudulentas ejecutadas desde el SeNaSa.
De concretarse los acuerdos, los imputados deberán admitir formalmente su responsabilidad penal, comprometerse con la reparación del daño ocasionado al Estado y aceptar la pena consensuada con el Ministerio Público, la cual deberá ser homologada por un tribunal antes de adquirir validez jurídica.
Entre los principales acusados figura Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos cabecillas de la red, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al sector salud. El expediente les atribuye delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otras violaciones a la legislación penal dominicana.
La posibilidad de acuerdos no es nueva dentro de este proceso. Desde marzo de este año, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, había revelado que varios implicados habían mostrado interés en colaborar con las autoridades, aunque advirtió que cualquier negociación estaría condicionada a la magnitud del daño causado al patrimonio público y al resarcimiento de los recursos presuntamente sustraídos.
El denominado caso SeNaSa investiga una presunta estructura de corrupción que, según el Ministerio Público, habría ocasionado un perjuicio económico superior a los RD$15,000 millones mediante contratos irregulares, pagos ilícitos y otras operaciones ejecutadas desde la aseguradora estatal. La investigación continúa abierta y las autoridades han reiterado que el proceso podría extenderse con nuevas imputaciones si surgen evidencias adicionales.
