Madrid, España.– El cantante Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por presunta «intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal», en un proceso en el que solicita una indemnización de 50,000 euros por daños morales.
La acción judicial forma parte de la ofensiva legal emprendida por el artista tras unas declaraciones realizadas por Díaz en enero de este año, tanto en la red social Bluesky como en el programa La Hora de La 1, de RTVE, en las que se refirió a las denuncias presentadas por dos antiguas empleadas de las residencias del cantante en el Caribe.
En una de esas publicaciones, la vicepresidenta escribió: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de elDiario.es por denunciarlo».
Reclama retractación pública
En la demanda, la defensa del intérprete sostiene que las manifestaciones de la dirigente vulneraron su derecho al honor al presentarlo públicamente como responsable de hechos que no han sido establecidos por una sentencia judicial.
Además de la indemnización, Iglesias solicita que Yolanda Díaz reconozca que sus declaraciones constituyeron una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, se retracte públicamente y asuma las costas del proceso.
La conciliación fracasó
El procedimiento llega al Tribunal Supremo después de que, a finales de mayo, ambas partes participaran en un acto de conciliación que concluyó sin acuerdo, debido a que la vicepresidenta rechazó retractarse de sus declaraciones.
Tras ese intento fallido, el cantante decidió formalizar la demanda contra la funcionaria, quien está aforada por su condición de integrante del Gobierno español.
El origen del conflicto
La controversia surgió a raíz de una denuncia presentada por dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes lo acusaron de presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores por hechos que, según su versión, habrían ocurrido en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero de 2026 al concluir que la justicia española carecía de competencia para investigar unos hechos presuntamente ocurridos fuera del territorio español, por lo que no llegó a pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.
También demanda a periodistas de elDiario.es
Paralelamente, Julio Iglesias mantiene otra batalla judicial contra varios periodistas de elDiario.es, incluido su director, Ignacio Escolar, a quienes acusa de injurias, calumnias y de desarrollar una campaña destinada a perjudicar su reputación mediante la publicación de informaciones que considera falsas y difamatorias.
El medio español y la vicepresidenta Yolanda Díaz han rechazado retractarse de sus actuaciones, por lo que los procedimientos continúan su curso en los tribunales.
