Santo Domingo — El director general de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, calificó este lunes como un «botín» el manejo del sistema de salud y de pensiones en la República Dominicana, al tiempo que denunció presuntas irregularidades operativas entre clínicas, médicos, ARS y AFP.
Durante su participación en la Z 101, Báez sostuvo de manera enfática que no existe la necesidad de modificar la legislación actual para reformar el sistema de seguridad social, expresando textualmente que para lo único que hay que modificar la ley es para aumentar las cotizaciones, ya que el resto de las herramientas como sanciones y financiamiento ya están contempladas.
El funcionario criticó duramente la falta de supervisión institucional y aseguró que diversos actores del sector han convertido la seguridad social en un negocio a conveniencia. En ese sentido, señaló directamente a clínicas, médicos, Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), indicando que «cada quien hace lo que le da la gana» ante el aparente olvido de las autoridades.
Como parte de esta problemática, expuso el caso de los medicamentos de alto costo, poniendo como ejemplo que un fármaco de esta categoría puede costar hasta 400,000 pesos al adquirirse de manera individual bajo los esquemas actuales, a pesar de que existe una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que obliga a las ARS a realizar compras conjuntas junto a la Dirección de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública.
El titular de la DIDA detalló que, mediante la compra centralizada y directa a los laboratorios, un medicamento valorado en 400,000 pesos podría adquirirse por un 70% menos, equivalente a unos 100,000 pesos, lo que optimizaría significativamente la cobertura anual de los pacientes. Sin embargo, denunció que este mecanismo no se ejecuta debido a intereses particulares, explicando que, aunque un afiliado cuenta con un tope estimado de 2 millones de pesos anuales para enfermedades catastróficas, al facturar el fármaco al precio regular de 400,000 pesos el presupuesto del paciente se agota apenas tras cuatro procesos médicos.
Báez afirmó que algunas entidades prefieren mantener el costo elevado porque se benefician de porcentajes de intermediación y facturación, perjudicando de forma directa los recursos del ciudadano, por lo que sentenció con firmeza que «es una mafia» y exigió mayor fiscalización para proteger los derechos de los afiliados frente a los abusos financieros en el sector sanitario.
