Santo Domingo. — Durante su intervención en el programa matutino Despierta RD, el periodista Gilbert Guzmán cuestionó duramente la falta de acción y el supuesto conocimiento que la comunidad tenía sobre el centro clandestino operado bajo la fachada de la «Fundación Restaurando Vidas Un Muerto Que Vive», ubicado en el sector La Pared de Haina, donde menores de edad sufrían tratos crueles.
El comunicador criticó que una estructura de esa naturaleza operara durante años sin que las instituciones competentes intervinieran, señalando directamente que la situación era un secreto a voces en la demarcación.
«Todo el mundo conocía esa vaina en Haina y nadie decía nada»
Guzmán expresó su indignación al detallar las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los 14 menores rescatados, cuyas edades oscilan entre los tres meses y los 17 años, quienes eran víctimas de torturas, maltratos físicos y trabajos forzados.
«Se descubre una fundación que tiene cautivos, secuestrados, adoptados, escondidos, 14 niños de diferentes edades… Esto explotó porque un menor de 13 años se escapó de la zona. Tenían estos niños unos supuestos pastores en la fundación […] Oigan bien el nombre: ‘Fundación Restaurando Vidas Un Muerto Que Vive’, mataban gente ahí como diablo, revivían ahí los muertos», manifestó con dureza el periodista.
Cuestionamientos directos a CONANI y autoridades
El analista reprochó el rol de los organismos de protección infantil y del Estado, exigiendo explicaciones sobre cómo un recinto con denuncias de este calibre pudo funcionar a la vista de todos sin ser detectado previamente.
- «Yo quiero que me digan si CONANI no sabía que eso estaba ahí, qué tiempo tenía eso operando. La jefa de CONANI, la procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, la dirección de CONANI… ¿No sabía que eso existía?», enfatizó Guzmán, extendiendo sus cuestionamientos sobre la supervisión institucional en la protección de la infancia vulnerable.
El caso, que salió a la luz gracias a la valiente fuga de un menor de 12 años, mantiene consternada a la opinión pública nacional y ha derivado en acciones legales y solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público contra los implicados, identificados como operadores del falso centro de acogida.
