El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defendió el carácter político de los procesos de evaluación y selección de jueces que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que estos procedimientos se desarrollan dentro del marco establecido por la Constitución. Durante un encuentro con periodistas de la fuente judicial, sostuvo que la política también implica determinar cómo preservar y mejorar la institucionalidad.
Molina afirmó que los tres principales partidos políticos que participan en el CNM “han actuado igualito” y sostuvo que los jueces de las supremas cortes son políticos en el sentido institucional, aunque esto no significa que deban responder a intereses partidarios. Aseguró que durante sus siete años al frente del Poder Judicial nadie puede señalar que tomó decisiones en función de un partido político.
El presidente de la SCJ también se refirió a las evaluaciones realizadas por el CNM a siete jueces y aseguró que las decisiones fueron adoptadas con los votos requeridos, sin que el presidente Luis Abinader tuviera que utilizar el voto calificado que le concede la legislación. Molina consideró necesarias las evaluaciones para determinar la idoneidad de los magistrados y rechazó que la apertura de vacantes deba convertirse en el principal criterio para sustituir jueces.
En cuanto a la carrera judicial, destacó que los jueces son seleccionados mediante concursos públicos, reciben formación durante dos años en la Escuela Nacional de la Magistratura y pueden avanzar desde la jurisdicción de paz hasta la Suprema Corte de Justicia. Señaló que los jueces deben ser evaluados cada siete años, pero aclaró que llegar a la Suprema no implica que deban ser removidos automáticamente. En su caso, decidió junto con otros tres magistrados no someterse a una nueva evaluación, por lo que concluirá su gestión antes de finalizar 2026. También consideró diferente la posición del presidente de la SCJ, debido a sus responsabilidades de gestión y gobernanza.
Entre los principales desafíos pendientes, Molina identificó la necesidad de fortalecer la cultura de los acuerdos y conciliaciones judiciales, que, según explicó, contribuiría a reducir el uso excesivo de la prisión preventiva. Destacó los avances en el acceso a la justicia y la digitalización de los procesos, pero reconoció que todavía existe una deuda con los sectores más vulnerables y empobrecidos. El magistrado afirmó que, pese a dedicar largas jornadas a sus responsabilidades, considera que pudo haber hecho más para atender las necesidades de esas poblaciones.
