La abstención electoral en República Dominicana no responde únicamente a la apatía o al desinterés, sino que para una parte importante de los ciudadanos representa una decisión consciente de inconformidad con los candidatos, los partidos y la manera tradicional de hacer política. Así lo establece un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), presentado por la Junta Central Electoral (JCE).
La investigación señala que la decisión de no acudir a las urnas se ha convertido en una forma de “comunicación política silenciosa”, mediante la cual algunos electores expresan su insatisfacción con una oferta política que consideran poco representativa. El investigador principal, Luis Mario Rodríguez, explicó que el ciudadano que no vota no debe ser considerado automáticamente apático o desinformado, pues los resultados muestran que posee niveles de formación y relación con las instituciones que pueden reflejar una decisión consciente.
El fenómeno adquiere especial relevancia debido a que la abstención alcanzó el 45.6 % en las elecciones presidenciales y congresuales de 2024, superando el 44.7 % registrado en 2020. Para los investigadores, la repetición del comportamiento electoral en condiciones diferentes a las de la pandemia de COVID-19 evidencia un problema de carácter estructural. Entre los abstencionistas, un 19 % dijo que ningún candidato lo convenció, un 14 % expresó falta de confianza en el sistema político, un 8 % señaló la ausencia de buenas propuestas y un 5 % mencionó la corrupción política.
El estudio también identifica un desgaste del modelo tradicional de campaña electoral. El 47 % de los encuestados en el país y el 42 % de los residentes en el exterior consideraron que las campañas ofrecen “más de lo mismo”. Los mítines fueron señalados entre los aspectos peor valorados por el 44.4 % de los consultados, mientras que el 41.2 % cuestionó a los propios candidatos. En contraste, la comunicación política y los debates recibieron una mejor valoración. Además, el 74.4 % manifestó rechazo al intercambio de favores o bienes por apoyo electoral y el 73.5 % cuestionó el incumplimiento de las promesas.
El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, llamó a los partidos, instituciones y demás actores del sistema a asumir los resultados como una alerta y no como un ataque particular. Recordó que el pleno de la JCE aprobó en diciembre de 2025 el proyecto Diálogo por la Integridad Electoral y creó una subcomisión sobre la abstención nacional y en el exterior. El estudio plantea que enfrentar el fenómeno requerirá, entre otras medidas, acercar los centros de votación a los ciudadanos, fortalecer la educación cívica, renovar la oferta partidaria, combatir el clientelismo y demostrar que la participación electoral puede generar respuestas concretas a las necesidades de la población.
