El Senado de la República aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que busca regular el ejercicio de la investigación privada en República Dominicana. La iniciativa, presentada por el senador Santiago Zorrilla, establece la figura del detective privado dentro del marco legal dominicano, aunque todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el presidente Luis Abinader.
De acuerdo con el proyecto, el detective privado sería un profesional autorizado por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) para investigar, por encargo de un cliente, hechos, actos y acontecimientos, así como las circunstancias y personas relacionadas con ellos. Los informes elaborados por estos investigadores podrían tener calidad probatoria ante los tribunales, siempre que las informaciones y evidencias hayan sido obtenidas de manera legal.
La propuesta también contempla que los investigadores privados puedan colaborar con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia mediante el suministro de información sobre hechos delictivos conocidos durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, podrían proporcionar datos o declaraciones periciales al Ministerio Público y a otros órganos del Poder Judicial cuando sean requeridos durante un proceso judicial.
Entre las funciones previstas figuran la recopilación de documentos, instrumentos y otros elementos que permitan determinar la veracidad de un hecho, además de labores de protección y detección de posibles actos ilícitos. Sin embargo, los detectives estarían sujetos a estrictas reglas de confidencialidad, por lo que no podrían divulgar información obtenida durante sus investigaciones, excepto cuando una autoridad judicial se las requiera. También tendrían que respetar la intimidad y abstenerse de revelar datos sensibles.
El proyecto establece límites y requisitos para ejercer la profesión. Los detectives no podrían detener personas, retener evidencias, exigir pruebas a entidades privadas ni investigar casos de delitos y crímenes, según el texto citado. Tampoco podrían buscar información sobre la salud física o mental de una persona. Para ejercer, los ciudadanos deberían ser mayores de 18 años, bachilleres, no tener antecedentes penales, encontrarse en condiciones de salud mental y no consumir drogas. Los miembros activos del Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas quedarían excluidos. La actividad estaría bajo supervisión directa del MIP.
