El comercio dominicano enfrenta cuestionamientos por la creciente presencia de establecimientos de capital chino en distintos puntos del país. Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), afirmó que existe una situación de competencia que, según los comerciantes locales, afecta al mercado formal y tradicional y ha contribuido al cierre de algunos negocios nacionales.
Pinales sostuvo que los establecimientos chinos comenzaron concentrándose en determinados sectores y posteriormente se expandieron a diferentes zonas del territorio nacional. A su juicio, este crecimiento ha generado un desplazamiento progresivo de comerciantes dominicanos, mientras reclamó una mayor intervención de las autoridades para garantizar condiciones similares para todos los actores del mercado.
Las declaraciones se producen días después de que Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), asegurara que en el país existen más de mil comercios chinos y que una parte importante de ellos no cumpliría con los permisos y requisitos establecidos. García también atribuyó a esta situación el cierre de establecimientos tradicionales y cuestionó la falta de acciones sancionadoras por parte del Estado.
Ante estos reclamos, Pinales informó que Codopyme, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ha comenzado a canalizar denuncias mediante una denominada “mesa de negocios ilícitos”. Entre las acciones citadas mencionó intervenciones del Ministerio de Trabajo en dos establecimientos para exigir la inscripción de sus empleados en la Tesorería de la Seguridad Social y promover la contratación de personal dominicano.
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, señaló que todas las empresas establecidas en territorio dominicano deben competir bajo las mismas reglas y cumplir con obligaciones como el pago de impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social. Los representantes empresariales coinciden en reclamar que la regulación y fiscalización se apliquen de manera uniforme, independientemente del origen de los propietarios de los negocios.
