El Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece medidas para prevenir y prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. La iniciativa, autoría del senador Félix Bautista y suscrita por otros legisladores, fue aprobada durante una sesión celebrada en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
La propuesta busca establecer un régimen para prevenir, identificar, verificar y prohibir el ingreso al territorio dominicano de productos, bienes y mercancías fabricados, extraídos, procesados o elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso. El proyecto contempla mecanismos de debida diligencia en las cadenas de suministro, intercambio de información y coordinación entre las instituciones públicas responsables de impedir la entrada de estos productos.
El senador Félix Bautista afirmó que la iniciativa beneficia a los trabajadores dominicanos y al sector exportador. El proyecto contempla la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas (DGA), instituciones que deberán coordinar un protocolo para su aplicación.
La iniciativa también está vinculada con las condiciones comerciales establecidas por Estados Unidos. Según las estimaciones presentadas por Bautista, una diferencia arancelaria de 2.5 puntos porcentuales representa para los exportadores dominicanos un costo aproximado de US$180 millones anuales, equivalentes a unos RD$10,800 millones. El legislador sostuvo que la aprobación de la legislación podría proporcionar al Gobierno un instrumento adicional para gestionar ante las autoridades estadounidenses una eventual reducción del arancel aplicado a productos dominicanos.
El proyecto define el trabajo forzoso como aquel que se exige bajo amenaza de una pena, sanción o perjuicio y sin consentimiento voluntario. Entre los indicadores contemplados figuran el abuso de vulnerabilidad, engaño, restricción de movimiento, aislamiento, violencia, intimidación, retención de documentos o salarios, servidumbre por deudas y condiciones laborales abusivas. La propuesta toma como referencia la Constitución, la legislación nacional, los Convenios 29 y 105 de la OIT y el DR-CAFTA, y se suma al Decreto 502-26, que ya faculta a la DGA a prohibir determinadas importaciones vinculadas con trabajo forzoso.
