SANTO DOMINGO.– A más de un año del trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set, en el que perdieron la vida 236 personas y decenas resultaron heridas, el proceso judicial contra sus propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, se reanuda este viernes a las 9:00 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La jornada continuará con la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, en una causa que busca establecer las responsabilidades penales tras el colapso ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar junto a un integrante de su orquesta y otras destacadas personalidades, entre ellas el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
Señalamientos sobre el deterioro y advertencias previas
Durante las pasadas audiencias, las pruebas expuestas por el órgano acusador y los querellantes han puesto el foco en las condiciones físicas en las que operaba el inmueble antes de la tragedia.
El abogado Luis Custodio indicó que los propietarios tenían conocimiento del deterioro estructural, citando filtraciones continuas y plafones colapsados. Como evidencia clave, se presentó un mensaje atribuido a Maribel Espaillat enviado a su hermano, en el que describía el estado del establecimiento como “todo desbaratado”, situación que persistía aun sin registros de lluvias recientes y con los aires acondicionados apagados.
Causa técnica: Sobrecarga progresiva
Los peritajes técnicos presentados en el tribunal por tres especialistas coincidentes determinaron que la causa principal del derrumbe fue una sobrecarga de peso sostenida a lo largo de los años.
Según los informes, sobre la cubierta original del centro nocturno se agregaron progresivamente:
- Capas de fino de remodelación.
- Depósitos de agua y casetas.
- Unidades pesadas de climatización.
- Equipos y estructuras de soporte para iluminación y sonido.
Querellantes exigen cambio de calificación jurídica
Paralelamente, familiares de los fallecidos han cuestionado el tipaje penal asignado por la Fiscalía. Entre ellos, la madre de Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi que pereció en el siniestro, solicitó formalmente que el caso sea juzgado como homicidio voluntario y no como homicidio involuntario, argumentando que existía un conocimiento previo del riesgo por parte de la administración del local.
