SANTO DOMINGO.– El jurista José Hoepelman cuestionó con dureza los criterios del Ministerio Público al momento de solicitar medidas de coerción como la prisión preventiva, advirtiendo que el uso de la justicia con fines políticos genera distorsiones que erosionan la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Durante su intervención en el programa televisivo A la Mañana con Dary, Hoepelman se refirió a las especulaciones sobre una supuesta orden de arresto contra el comunicador Ramón Tolentino por presunta injerencia en una investigación penal. El abogado desmintió la existencia de dicha medida y argumentó que, por su connotación de figura pública y la falta de peligro de fuga, no existen elementos para justificar una orden de prisión.
Sin embargo, el jurista utilizó el caso para reflexionar sobre la disparidad de criterios aplicados por el órgano persecutor frente a otros procesos judiciales de alto perfil.
«¿Tiene Ramón Tolentino características distintas de los que en su momento fueron sometidos a prisión preventiva en los casos de corrupción? La realidad es que no. ¿Tiene más arraigo que Gonzalo Castillo, a quien le solicitaron 18 meses de prisión preventiva, o que José Ramón Peralta? La realidad es que no», aseveró Hoepelman.
Para el profesional del derecho, cuando los mecanismos de persecución penal se distancian de la coherencia técnica y se aplican según el actor involucrado, se evidencia una instrumentalización del sistema de justicia.
Críticas a la gestión del Ministerio Público
Hoepelman sostuvo que mezclar la política con la persecución del delito invalida la efectividad institucional y deja un balance deficitario en el sistema judicial del país.
En ese sentido, señaló directamente a la actual y pasadas gestiones del órgano persecutor: «Ahí se equivocó Jean Alain, ahí se está equivocando Berenice y ahí se equivocó Miriam Germán. Por eso hoy, a un par de años de haber salido de la Procuraduría General de la República, ¿cuáles son los logros institucionales que se pueden mencionar?».
El jurista concluyó advirtiendo que si no se separan el ejercicio político y la persecución penal, el resultado final es la pérdida de credibilidad en la administración de justicia por parte de la sociedad dominicana.
