SANTO DOMINGO. – El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso variadas medidas de coerción contra los 26 imputados en la supuesta red de corrupción administrativa y estafa millonaria al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), expediente que además fue declarado de tramitación compleja.
Entre los procesados figuran excolaboradores de la entidad estatal y profesionales de la medicina, acusados por el Ministerio Público de asociación de malhechores, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al sistema de salud.
Prisión preventiva para ocho acusados
El magistrado ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, y los médicos Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes deberán cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Bajo la misma medida de 18 meses de prisión, fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las médicas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Arresto domiciliario y fianza
El tribunal dictó arresto domiciliario a las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como a los galenos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, se dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos mediante compañía aseguradora para los médicos Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo. En el caso de la doctora Martha María Saldaña, la garantía económica fue fijada en tres millones de pesos junto al arresto domiciliario e impedimento de salida.
Por otra parte, a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El magistrado otorgó un plazo perentorio de siete días a los encartados con fianza para hacer efectivo el pago correspondiente; de lo contrario, la medida variará automáticamente a prisión preventiva en Las Parras o Najayo Mujeres.
Operativos y acusación
Las detenciones de la denominada operación Cobra 2.0-A se llevaron a cabo durante una serie de allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Según el expediente acusatorio, el grupo incurrió en el uso indebido de códigos, acceso ilícito a plataformas tecnológicas y sustracción de fondos destinados a la cobertura médica de los ciudadanos.
