SANTO DOMINGO — El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional retoma este lunes, a las 10:00 de la mañana, la audiencia preliminar del caso conocido como Operación Lobo, un proceso judicial que involucra a 14 personas físicas y jurídicas señaladas por presunta corrupción e irregularidades en contrataciones públicas.
El tribunal, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, reanuda la sesión luego de que fuera suspendida a solicitud de las defensas técnicas debido a la inasistencia de varios imputados, entre ellos Andrés Pacheco —quien presentó una excusa médica postoperatoria de un mes— y Ramón Quezada, bajo régimen de arresto domiciliario.
La postura del Ministerio Público
Desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el órgano persecutor ratificó su disposición para avanzar sin demoras en la lectura del expediente y la presentación del catálogo probatorio.
«El Ministerio Público está listo para conocer la presente audiencia», afirmó la procuradora de corte Rosa María Pichardo tras la notificación del aplazamiento.
Detalle de las acusaciones y monto implicado
Según el expediente acusatorio, la red de corrupción habría gestionado el pago de RD$108,080,359.92 en sobornos directos mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo entre los años 2012 y 2025. El objetivo central de la estructura era asegurar y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones estatales, tales como:
- EdeNorte, EdeEste y EdeSur
- Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
- Seguro Nacional de Salud (Senasa)
Los cargos formalizados por la Fiscalía incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, bajo el amparo de la Ley 155-17. Las pesquisas se originaron a partir de un informe enviado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
Réplica de la defensa técnica
Por su parte, la defensa de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, liderada por el jurista Carlos Balcácer, rechazó rotundamente los señalamientos del Ministerio Público. Balcácer sostiene que las adjudicaciones obtenidas por su representado se realizaron conforme a los procedimientos y requerimientos establecidos en las leyes de compras y licitaciones públicas.
La jornada de este lunes marcará el inicio formal de la lectura del expediente acusatorio por parte de los fiscales, en una sesión determinante para el avance de la fase intermedia del proceso.
