El especialista plantea localizar, arrestar y llevar ante la justicia a los delincuentes reincidentes de alta peligrosidad, sin que la Policía decida quién vive o quién muere
Santo Domingo, RD. — El psiquiatra y asesor en salud mental del Poder Ejecutivo, José Miguel Gómez, cuestionó el uso de los denominados “intercambios de disparos” como mecanismo para enfrentar la delincuencia y llamó a las autoridades a fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y el debido proceso para combatir a los infractores.
Durante una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral, conductor del programa D’AGENDA, Gómez afirmó que la Policía Nacional no puede atribuirse la facultad de decidir sobre la vida de una persona señalada como delincuente.
“No estoy de acuerdo con los intercambios de disparos. Nunca. No se puede esperar que la Policía decida quién vive y quién no; eso no es correcto”, sostuvo.
El especialista consideró que la lucha contra la criminalidad debe desarrollarse dentro del marco de la ley, mediante la identificación, localización y captura de quienes representan una amenaza para la sociedad, para luego someterlos al sistema de justicia.
Gómez aclaró, no obstante, que los agentes policiales tampoco deben dejarse agredir por personas armadas. Su planteamiento, explicó, parte de la necesidad de que la actuación de los cuerpos de seguridad esté sustentada en procedimientos legales y en una respuesta proporcional ante una amenaza real.
Propone identificar y capturar a los más peligrosos
Como alternativa a los enfrentamientos que terminan con la muerte de presuntos delincuentes, Gómez propuso desarrollar labores de inteligencia que permitan localizar a los reincidentes considerados de alta peligrosidad.
Planteó que estos sean arrestados y recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad, donde cumplan las sanciones establecidas por los tribunales y puedan ser incorporados a programas de rehabilitación.
El psiquiatra manifestó preocupación por los casos de personas con numerosos antecedentes por delitos graves que, pese a ello, continúan en las calles.
A su juicio, la permanencia de estos individuos en libertad evidencia fallas en los mecanismos de prevención, investigación y control del delito.
Gómez alerta sobre la delincuencia juvenil
El especialista también llamó la atención sobre el componente juvenil de la criminalidad en República Dominicana.
Explicó que una parte importante de los jóvenes involucrados en pandillas, robos y otras actividades delictivas son menores de 25 años y provienen, en muchos casos, de entornos familiares desestructurados.
Entre los factores que identificó figuran la deserción escolar temprana, el acceso prematuro a armas, el consumo de sustancias controladas y una relación conflictiva con la autoridad.
Gómez sostuvo que estos elementos deben ser considerados dentro de una estrategia integral para enfrentar la delincuencia, debido a que la respuesta policial por sí sola no resuelve las causas que llevan a algunos jóvenes a incorporarse a actividades criminales.
Se refiere al asesinato de Zeneida Castillo
Durante la entrevista, el psiquiatra también se refirió al asesinato de Zeneida Socorro Castillo y a las heridas sufridas por su esposo, el artista Julián Oro Duro.
Gómez describió a los implicados como personas con características que, según su valoración profesional, corresponden a perfiles psicopáticos y sociópatas, destacando la ausencia de remordimiento y empatía que atribuyó a sus conductas.
El especialista citó particularmente las declaraciones realizadas en redes sociales por uno de los imputados, las cuales, según dijo, reflejarían un comportamiento caracterizado por frialdad frente a las consecuencias de sus acciones.
Una respuesta basada en inteligencia y justicia
El planteamiento de Gómez se produce en momentos en que distintos sectores han cuestionado el número de personas muertas durante presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
Para el psiquiatra, enfrentar la criminalidad requiere que el Estado sea capaz de identificar a los delincuentes, obtener información sobre sus actividades, capturarlos y llevarlos ante los tribunales, en lugar de convertir la muerte en el resultado habitual de determinadas operaciones.
Su propuesta combina la acción policial con inteligencia criminal, persecución judicial y rehabilitación penitenciaria, bajo el principio de que la seguridad ciudadana y el respeto al debido proceso deben formar parte de una misma estrategia contra el delito.
