Santo Domingo. — El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sans Lovatón (Yayo), explicó durante su participación en La Agenda Semanal el alcance y la magnitud del subsidio a los combustibles que ejecuta el Gobierno, revelando que solo la semana pasada esta asistencia superó los 1,800 millones de pesos para evitar que las alzas internacionales golpeen a la ciudadanía.
Detallando los precios actuales, el funcionario indicó que el gasoil regular se paga a 270.80 pesos gracias a un aporte estatal de 120 pesos, lo que significa que sin la intervención del Gobierno el ciudadano tendría que pagar 390.80 pesos por galón. Asimismo, el gasoil óptimo recibe un subsidio similar de 120 pesos, permitiendo que se comercialice a 318 pesos en lugar de los 438 pesos que costaría en el mercado real.
Sans Lovatón destacó que esta política refleja una clara focalización de los recursos públicos, donde se otorga un mayor apoyo económico al combustible más utilitario. Como ejemplo, señaló que la gasolina premium, utilizada en sectores de mayor poder adquisitivo, recibe un subsidio menor, ya que los ciudadanos la pagan a 358 pesos cuando su precio real sin la ayuda estatal ascendería a unos 384 pesos.
Dentro de esta estratificación, el titular del MICM resaltó el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), un combustible esencial para los hogares de menores ingresos, el cual se ha mantenido intacto en este proceso de reajuste con un subsidio de 52 pesos por cada galón.
De igual forma, el gasoil destinado al transporte federado recibe el aporte más alto de todas las disposiciones, con 200 pesos por galón. El ministro subrayó que esta medida busca garantizar la viabilidad del transporte colectivo y proteger los bolsillos de los ciudadanos con total empatía ante la sensibilidad del tema.
Finalmente, las autoridades aclararon que este esquema de subvenciones demuestra la firme intervención estratégica del Estado, recordando que los mecanismos actuales de cálculo de los precios de los combustibles no han sido modificados por vía legislativa, sino mediante una aplicación jurídica transparente bajo la gestión del presidente Luis Abinader.
