Redacción. — El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió el silencio tras la difusión en redes sociales de un video íntimo por parte de la ciudadana Deisy Jiménez. El exmandatario rechazó tajantemente cualquier irregularidad administrativa en su gestión, desvinculó el material audiovisual de actos de corrupción y aseguró que el escándalo responde a una estrategia de distracción política impulsada por el actual gobierno.
Ante la viralización del contenido y las declaraciones de Jiménez —quien sostiene que el registro audiovisual respalda sus denuncias previas sobre presuntos ofrecimientos de cargos a cambio de favores personales—, Petro utilizó su cuenta oficial en la red social X para emitir una extensa defensa.
«He pasado buena parte de sinfín de años enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales», expresó el exmandatario, añadiendo que acudirá ante los jueces para esclarecer los hechos con la verdad y cumpliendo la reserva ordenada por la justicia.
Negación de irregularidades y defensa de su gabinete
El exjefe de Estado fue enfático al negar que durante su administración se hayan otorgado contratos o beneficios estatales a cambio de favores de índole personal. «Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por la capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme», puntualizó.
Asimismo, cuestionó la validez jurídica del video de 54 segundos —difundido originalmente en Instagram y en el que se observa a ambos involucrados en un encuentro privado—, al señalar que el material aún no ha sido examinado por peritos formales ni demuestra la existencia de contratos, pagos o decisiones de gobierno irregulares. A pesar de su postura, Petro solicitó a las autoridades protección y garantías procesales tanto para la denunciante como para los demás implicados.
El trasfondo político y la respuesta legal
Para el exmandatario, la filtración y el manejo mediático del caso constituyen una «cortina de humo» diseñada para desviar la atención pública de los debates legislativos de gran impacto nacional. En esa línea, vinculó directamente el momento de la filtración con la reciente aprobación de una normativa gubernamental.
«¿Nos creen pendejos?», cuestionó Petro, al asociar la polémica con la firma de una nueva ley orientada al sometimiento y rebaja de penas para narcotraficantes. El exdirigente político denunció que mientras las plataformas digitales discuten su vida íntima, el Ejecutivo otorga beneficios a actores generadores de violencia e impone mayores cargas tributarias a las clases trabajadoras.
Como parte de su hoja de ruta legal, Petro anunció que ha instruido a su equipo de abogados para interponer denuncias por los ataques sistemáticos en su contra y confirmó que radicará formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la referida normativa, a la cual calificó como una «ley de alcahuetamiento de narcos».
Por su parte, Deisy Jiménez ha expresado su confianza en las instancias judiciales colombianas, al tiempo que solicitó medidas de protección pública ante el temor de posibles represalias por parte de los simpatizantes del exmandatario.
