La ex primera dama de Haití, Martine Moïse, formalizó su inscripción como aspirante a la Presidencia para los comicios programados en 2027, cinco años después de haber sobrevivido al atentado en el que fue asesinado su esposo, el presidente Jovenel Moïse.
El nombre de Moïse apareció el domingo 15 de noviembre en el registro oficial del Consejo Electoral Provisional (CEP), junto al de otros 32 aspirantes que buscan competir en las primeras elecciones presidenciales del país desde 2016. Su postulación fue presentada a través de la organización política Gwoupman Angaje pou Demokrasi (GAD).
Con este registro, la ex primera dama se convierte en una de las tres mujeres inscritas en el proceso, junto a la exministra de Relaciones Exteriores Dominique Dupuy y Marie Anne Savannah Hadid Savary. En la lista también figuran nombres conocidos de la política haitiana, como los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, así como el ex primer ministro Claude Joseph.
Evaluación electoral y fechas clave
Aunque ya figura en el registro inicial, Martine Moïse aún no cuenta con una candidatura definitiva. El CEP deberá verificar los documentos y requisitos legales de todos los inscritos antes de publicar la lista oficial de aspirantes habilitados, prevista para el 11 de enero de 2027.
Según el calendario establecido, la primera vuelta electoral se celebrará el 18 de julio de 2027, mientras que una eventual segunda ronda tendrá lugar el 4 de octubre del mismo año.
Hasta el momento, Moïse no ha presentado un programa de gobierno ni ha explicado en detalle los motivos de su postulación. Sin embargo, en un mensaje difundido este mes en la red social X, afirmó que Haití volverá a levantarse por sus propios medios y planteó la necesidad de «hacer política de una manera diferente».
De sobreviviente a figura judicial en dos países
La incursión electoral de Moïse ocurre tras una trayectoria marcada por el magnicidio del 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió en la residencia presidencial en las afueras de Puerto Príncipe y asesinó a tiros a Jovenel Moïse. En el ataque, la entonces primera dama sufrió múltiples heridas de bala y fue trasladada al hospital Jackson Memorial, en Miami, para recibir atención especializada.
Tras su recuperación, regresó a Haití y en septiembre de 2021 expresó por primera vez su intención de continuar el proyecto político de su esposo.
Desde entonces, su nombre ha estado vinculado a procesos judiciales tanto en Haití como en Estados Unidos:
- En Haití: En febrero de 2024, el juez Walther Voltaire la incluyó entre los imputados por presunta complicidad y asociación criminal en el magnicidio, una acusación que ella rechazó. En 2025, un tribunal de apelaciones anuló dicha imputación y ordenó continuar las investigaciones, dejando sin efecto el cargo, aunque sin emitir una sentencia absolutoria sobre el fondo del caso.
- En Estados Unidos: Ha participado como testigo de la Fiscalía en los juicios contra los acusados de financiar y organizar el ataque, compareciendo en septiembre de 2026 en el proceso contra Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Además, en junio de 2024, un tribunal federal de Miami ordenó a varios condenados por la conspiración pagarle una indemnización de 5,305,387 dólares para cubrir gastos médicos y de seguridad, dentro de un fallo global de aproximadamente 6.2 millones que también incluyó a Joverlein Moïse, hijo mayor del exmandatario.
Elecciones bajo el asedio de la crisis
La inscripción de los aspirantes se desarrolla en un contexto de profunda crisis política, institucional y de seguridad. Haití permanece sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse, mientras las bandas armadas mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores.
De acuerdo con cifras recogidas por la agencia Reuters, la violencia ha dejado más de 22,000 muertos y cerca de 1.5 millones de personas desplazadas desde 2022.
A los problemas de seguridad se suman los retrasos en el registro de votantes: hasta mediados de noviembre, apenas cerca de un millón de ciudadanos se habían inscrito para votar, una cifra muy por debajo de la meta gubernamental de entre tres y seis millones de electores.





