El bachatero dominicano Dalvin Antonio Núñez Vargas, conocido artísticamente como Dalvin “La Melodía”, enfrenta una disputa legal que podría comprometer la realización de ocho conciertos programados para enero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El conflicto surgió tras una demanda presentada por tres empresas productoras que reclaman más de US$6.5 millones por supuesto incumplimiento de un acuerdo de coproducción.
La demanda fue interpuesta el 19 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por Chad Events LLC, Plug and Play LLC y Legado Events Corp., encabezadas por Rolando Santa Fonseca, Víctor José Roque y Jairo J. Velázquez Morales. También figuran como demandados la empresa de manejo artístico Suénala Mikey LLC, Michael Antonio Quevedo Infante, conocido como “Mikey”, y Ángel David Paredes López, señalado como representante y agente de contrataciones del artista.
Según los productores, el acuerdo contemplaba ocho presentaciones los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2027, con una distribución de las ganancias netas de 55 % para las empresas y 45 % para el cantante. Los demandantes aseguran que realizaron gestiones para reservar el recinto, obtener permisos, promocionar los espectáculos y organizar la logística. Además, afirman que al 18 de noviembre se habían vendido más de 84,000 entradas, generando ingresos brutos cercanos a US$5.7 millones.
La controversia habría comenzado el 20 de octubre, cuando los representantes del artista plantearon modificar las condiciones económicas. La nueva propuesta establecía que Dalvin recibiría el 80 % de las ganancias y los productores el 20 % en siete de las ocho funciones, además de una garantía de US$300,000 por concierto. Los productores presentaron conversaciones de WhatsApp como parte de las pruebas para demostrar la existencia del acuerdo original, mientras que los abogados del artista habrían sostenido que no existía una obligación contractual sin un documento escrito y firmado por todas las partes.
Ante el desacuerdo, las empresas reclaman más de US$6.5 millones por daños, ganancias que aseguran haber dejado de percibir y otras pérdidas económicas. También solicitan que el tribunal reconozca la validez del acuerdo original y que el caso sea conocido mediante un juicio por jurado. Aunque la demanda no significa que los conciertos hayan sido cancelados, el proceso judicial mantiene bajo incertidumbre las ocho presentaciones previstas para enero de 2027.





