El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes.
El Ministerio Público presentó sus conclusiones ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y solicitó penas de 25 y 15 años de prisión contra los integrantes de una supuesta red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez solicitaron una condena de 25 años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos para José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Alejandro Arturo García Bustamante (alias Gato), José Alberto Soriano Rosario, María Paula Murillo Vargas, Wilcene Oscar, Melvin José Valentín Peguero, Dionicio Mieses De la Cruz (alias Dionis), Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto (alias Ángel) y Robert Eleuterio Lee Paniagua.
Asimismo, pidieron una pena de 15 años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos para Cristina Virginia González Hernández, Carlos Jonathan Walwyn, Oliver Arnaud (también conocido como Timothy Case) y Braulio Manuel Lugo.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes.
Según la acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.
El Ministerio Público dijo ante el tribunal que ha quedado demostrada la vinculación de los acusados, quienes coordinaban las acciones delictivas mediante grupos de WhatsApp y redes sociales.
A través de estos canales, presuntamente promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias ilícitas derivadas de la explotación.
En cuanto a la razón social Oscar Inn Hotel Santo Domingo SRL, el Ministerio Público solicitó que sea declarada culpable y ordenada su disolución por violar los artículos 1, 3, 4 y 7, letras C y D, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que tipifican la trata de personas agravada por crimen organizado, carácter transnacional y pluralidad de víctimas.
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, cerraron los debates y se retiraron para deliberar. Fijaron la audiencia para la lectura del fallo el próximo 11 de marzo, a las 9:00 de la mañana.
