La reunión fue convocada a instancias de Haití, luego de que República Dominicana anunciara la semana pasada el comienzo de un proceso de repatriación de haitianos indocumentados que busca alcanzar las 10.000 personas por semana.
Haití tildó este martes de «inmorales» las repatriaciones que ejecuta República Dominicana contra «haitianos y dominicanos descendientes de haitianos», las que atribuyó a una política discriminatoria del país fronterizo basadas en el color de piel y la nacionalidad de las personas.
El embajador permanente interino de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gandy Thomas, afirmó durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo que las repatriaciones de sus ciudadanos es «preocupante» y «triste», y afirmó que su país no representa peligro para la seguridad de República Dominicana.
Sin embargo, el ministro consejero dominicano, Radhafil Rodríguez, afirmó que su país ha reiterado en múltiples ocasiones que no puede asumir ante Haití el rol que le corresponde a la comunidad internacional y defendió las repatriaciones de «haitianos en condición migratoria irregular».
Abundó que República Dominicana no puede renunciar a salvaguardar el bienestar y la protección de su seguridad nacional y de sus ciudadanos.
La reunión fue convocada a instancias de Haití, luego de que República Dominicana anunciara la semana pasada el comienzo de un proceso de repatriación de haitianos indocumentados que busca alcanzar las 10.000 personas por semana.
«Esto (de las repatriaciones) agrava aún más la situación de Haití, algo que nadie en la región desea (…). Lo que ocurre en República Dominicana con los ciudadanos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana es alarmante», afirmó por su parte Thomas, quien denunció que los derechos humanos de esas personas son vulnerados.
Para Thomas, las repatriaciones atizan el discurso de odio y aseguró que estas violan, «incluso», el propio marco jurídico de República Dominicana, al afirmar que este país es signatario de varios acuerdos internacionales que condenan la violación de los derechos humanos y la discriminación.
Consideró asimismo que Haití «está convencido» de que ambas naciones pueden convivir juntas, y afirmó que República Dominicana debe reconocer la «contribución inestimable» a su economía de los trabajadores haitianos, muchos miles de ellos trabajando en el sector de la construcción y otros tantos en las plantaciones agrícolas.
Rodríguez, no obstante, dijo que su país no puede hacer más por Haití.
«Hemos colaborado con la Misión Multinacional para Haití, mantenemos abierto el comercio fronterizo, pero los servicios públicos se han inflado con las atenciones que brindamos a los migrantes irregulares», refutó Rodríguez, quien cubrió la ausencia de la representante permanente de la misión dominicana, Mayerlin Cordero.
En ese punto, aseguró que el año pasado el 38,8 % de los partos en hospitales públicos dominicanos fueron de mujeres haitianas y que en la actualidad hay en las escuelas públicas 146.000 niños, lo que ha significado para el Estado una inversión de 430 millones de dólares.
Durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA expresaron sus consideraciones los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Guyana, Colombia y Panamá que, en mayor o menor medida, exhortaron a República Dominicana a respetar los derechos humanos de los migrantes y exhortaron a los dos países a mantener un diálogo dirigido a buscar entendimientos.
