Con el propósito de obtener la medida de coerción contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del establecimiento, las víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set acudieron este domingo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los afectados, que presentaban andadores, cuellos ortopédicos y visibles secuelas físicas, fueron acusados de negligencia en una tragedia que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. La audiencia fue diferida para el miércoles a las 11:00 a. m. por determinación del juez Rigoberto Sena.
«Mi único interés es que se haga justicia. Este trauma que se experimenta no es fácil de sobrellevar», expresó Chrismarlyn Encarnación, una de las personas que sobrevivieron al desastre.
«Es imperativo imponer una medida a Antonio Espaillat, ya que esto servirá como un mensaje contundente a toda la ciudadanía, instándola a actuar con responsabilidad», declaró el abogado Plutarco Jaáquez.
Encarnación sufrió lesiones en la columna, pierna, brazo y cuello, pero aun así asistió al tribunal como muestra de su lucha por justicia.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, reafirmó la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat.
“Estamos hablando de más de 130 niños huérfanos, niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, afirmó Camacho.
Maribel y Antonio Espaillat se enfrentan a acusaciones de homicidio involuntario
Los acusados se enfrentan a cargos por homicidio involuntario; sin embargo, varios abogados querellantes consideran que la acusación debe cambiarse a homicidio voluntario con dolo eventual para que las penas resultantes sean más severas.
El letrado Félix Portes argumentó que se trata de un homicidio voluntario con dolo eventual. «Lamentablemente, el Ministerio Público mantiene la misma teoría de la defensa técnica. Como he mencionado anteriormente, los imputados no requieren la asistencia de abogados, ya que cuentan con el respaldo del Ministerio Público», añadió.
Camacho reiteró su posición, enfatizando que, en aras de la integridad de la investigación y la seguridad de los testigos, los imputados no deben gozar de libertad. «La intimidación del testigo es un hecho corroborado en el proceso. Esto demuestra el peligro procesal de los imputados», afirmó el funcionario.
Por su parte, el abogado de Antonio Espaillat, Miguel Valerio, expresó lo siguiente: «Comprendemos que el Ministerio Público, de acuerdo con la información proporcionada en los medios de comunicación, ha avanzado significativamente en el caso. En nuestra opinión, la complejidad del mismo no es necesaria. Hasta el momento, no hemos recibido el documento en cuestión, por lo que procederemos a revisarlo.
Mientras el sistema judicial determina el futuro de los hermanos Espaillat, en el Jet Set perdura el desolador recuerdo de las 235 víctimas que no corrieron con la misma suerte, cuyas vidas quedaron sepultadas entre los escombros.
