En la República Dominicana, según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el 70 % de los accidentes de tránsito involucran a motociclistas. Esta cifra demuestra la vulnerabilidad de los conductores de motocicletas y subraya la necesidad imperiosa de implementar medidas eficaces para reducir los accidentes y las muertes en las vías.
Las autoridades han descrito esta situación como una «epidemia nacional», subrayando que, de las más de 3000 muertes anuales por accidentes de tránsito, aproximadamente 2100 son de motoristas. Además, se ha identificado que el 70 % de los motociclistas fallecidos no utilizaban cascos certificados, lo que incrementa significativamente el riesgo de lesiones graves y fatales.
En respuesta a la preocupación por los elevados índices de mortalidad vial, las autoridades participaron este lunes en el primer Congreso Internacional «Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial», con el objetivo de reducir a la mitad las muertes por accidentes de tránsito para el año 2030, a través de la colaboración con las municipalidades.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha lanzado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, una iniciativa respaldada por 121 entidades, con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 15% anual hasta 2030. Las medidas incluyen el fortalecimiento de la fiscalización, campañas de concienciación, y la promoción del uso de cascos para motociclistas. Además, se está trabajando en la mejora de la infraestructura vial y en la implementación de un sistema de puntos en las licencias de conducir.
La falta de educación vial, la impunidad y las deficiencias en la recolección de pruebas siguen siendo desafíos clave. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, el plan busca transformar un escenario marcado por la imprudencia y el deficiente control institucional, replicando modelos exitosos internacionales y estableciendo una red de supervisión nacional con participación del Estado, sector privado y sociedad civil.
